La ministra vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, se refirió esta mañana a la presunta participación de un asesor de La Moneda en la red de explotación de menores, y afirmó que el Ejecutivo condena enérgicamente el actuar de los adultos formalizados por dicho delito.
Al respecto, la ministra dijo que "la opinión y la acción de este gobierno ha sido única y categórica. Primero, condenar con absoluto repudio", y que prueba de ello es que "a través del Sename somos parte a través de una querella y queremos que existan las condenas más drásticas".
Consultada por el presunto funcionario gubernamental que habría sido parte de los involucrados - luego del testimonio de una de las menores explotadas- la ministra dijo que "no tenemos antecedentes formales y somos los primeros en ponernos a disposición del Ministerio Público, si así el fiscal lo determina, para clarificar esta situación. Nuestros niños y niñas deben ser protegidos por la sociedad y no puede existir ningún cobarde, ningún delincuente que atente contra la inocencia y la vulnerabilidad de ellos."
Sobre si La Moneda está efectuando alguna investigación sobre el tema, la vocera aseveró que "frente a una acusación tan general, con tan pocos antecedentes concretos, no sólo lo que se ha sabido a través de los medios de comunicación, sino que en términos concretos no ha existido información hacia el gobierno. Nosotros no podemos hacer de esto una cacería de brujas inexistente, ante una situación en la que no tenemos antecedentes concretos".
"Lo que corresponde es que el fiscal adjunto que está llevando a cabo este juicio, nos pueda hacer llegar en qué sentido les podemos colaborar como gobierno, y en esa línea vamos a estar prestos y llanos a prestar toda la colaboración que signifique, no solamente tener una duda de quiénes están detrás de esta red de explotación sexual, sino que finalmente, lo que es más importante, que las condenas sean altas, contundentes y que sean una señal de que lo más sagrado son nuestros niños y niñas", acotó.
La ministra, finalmente, adujo que "no le corresponde al gobierno descartar ninguna arista de la investigación, lo que corresponde es que los fiscales a cargo pidan los antecedentes que nosotros podamos aportar, si es que ellos establecen que, tras el testimonio de esta menor, existen datos contundentes donde se pueda implicar la participación efectiva, de algún individuo personalizado".
