Hace una semana, el miércoles 12 de julio, los titulares de la Segpres y Educación, Nicolás Eyzaguirre y Adriana Delpiano se reunieron en privado con los senadores Andrés Allamand (RN) y Ena von Baer (UDI) en la sala de ministros de la Cámara Alta. ¿El motivo? cerrar un "acuerdo político" que permitiera destrabar una de las iniciativas clave de la reforma estructural a la educación que impulsa el gobierno de Michelle Bachelet: el proyecto de Nueva Educación Pública (NEP), más conocido como desmunicipalización.
Las conversaciones comenzaron la tercera semana de junio en el piso 15 del Senado. En aquella oportunidad, la ministra Delpiano se reunió por primera vez para hablar del tema con todos los integrantes de la Comisión de Educación del Senado, es decir, además de Allamand y Von Baer, los senadores oficialistas Jaime Quintana (PPD), Ignacio Walker (DC) y Carlos Montes (PS). En dicha cita se acordó un cronograma de trabajo entre asesores legislativos para buscar fórmulas de salida a la iniciativa.
A dicha tarea se abocaron los asesores Jorge Barrera, Jorge Avilés y Felipe Roesler, por parte de la oposición, junto a un grupo de representantes del Mineduc, quienes finalmente consiguieron fraguar una serie de indicaciones que fueron visadas previamente por los senadores de la UDI y RN y que este lunes el gobierno ingresó a tramitación consagrando el acuerdo alcanzado.
"Este acuerdo político recoge la lección rendida de la llamada 'ley de inclusión' en el que se estableció un itinerario rígido y un conjunto de procedimientos que no han podido cumplirse, al punto de que el sistema ya tiene una modificación y van a ser necesarias otras", explicó el senador Allamand (RN).
"Aunque no tuvimos acuerdo con la oposición en los artículos permanentes, sí hemos tenido acercamientos sobre la transición gradual a la NEP y eso es un logro significativo", dijo a La Tercera el presidente de la comisión de Educación del Senado, Ignacio Walker.
Los cambios al proyecto
Entre las modificaciones al proyecto de Nueva Educación Pública destacan que, a contar del próximo año, se empezará a constituir una comisión de expertos que estará encargada de seguir los cambios legales y reglamentarios del proceso de desmunicipalización de la educación pública, así como también su calendarización. Indicación que no estaba incluida originalmente en el proyecto.
Asimismo, pese a que en un inicio estaba previsto que el período de transición fuese de seis años, es decir, que terminara el 2024; con los cambios a la iniciativa, se estableció que durante el 2021 se hará una "pausa" para que el próximo Presidente -según un informe que emitirá la comisión de expertos- pueda realizar los cambios que estime conveniente.
"Logramos que el proceso de transición fuese más pausado, con una comisión evaluadora y que el próximo Presidente tenga un tiempo de pausa para que se pueda reflexionar respecto a cómo está funcionando el sistema y de esa reflexión ver cómo se sigue y en qué plazos se siga estableciendo el sistema", afirmó la senadora Von Baer (UDI). Y agregó: "lo que antes era breve, rígido y obligatorio; hoy se permiten pausas y con un sistema que podrá ir reevaluándose".
El proyecto contempla el traspaso obligado de 5.220 colegios en manos de municipalidades a 68 servicios locales. Sin embargo ahora y de a acuerdo a las indicaciones que acordaron oposición y el gobierno y que el lunes ingresaron a la Comisión, este proceso ahora se dividirá en dos tiempos. El primero durará cuatro años y considerará sólo la constitución de 11 servicios locales . "Aquí hay un doble realismo político. Es absurdo que un gobierno pretendiera imponer un proyecto de esta naturaleza contra la voluntad del gobierno siguiente", destacó Allamand.
Es después de esto, en su segundo tiempo, el futuro gobierno definirá cómo se avanza y qué cambios aplicar. Por otro lado, el proyecto de Nueva Educación Pública establecía que todas las municipalidades debían ingresar al proceso de transición de manera obligatoria, mientras que con la nueva indicación, aquellas municipalidades que presenten buenos resultados, van a tener la oportunidad de no ser incorporadas en el proceso o, al menos, postergarlo, según precisan fuentes del Mineduc.
Desde La Moneda, en tanto, descartan que este sea un retraso y explican que fue la propia ministra de Educación quien mantuvo informado del tema a todos los senadores oficialistas.
