La incógnita abierta tras el fracaso de la licitación de la encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen) 2013 podría estar cerca de despejarse.
Luego de que este año no se presentaran oferentes para desarrollar el trabajo de campo de la medición -lo que obligó a declarar, por primera vez, desierta la licitación que se realiza desde 2009- el gobierno optó por adjudicar directamente dicha etapa, descartando así cancelar la encuesta por segundo año consecutivo.
Con ese objetivo en mente, el ministro de Desarrollo Social, Bruno Baranda, se reunió durante las dos últimas semanas con entidades disponibles para realizar el levantamiento de datos, proceso que debería desarrollarse entre la segunda semana de octubre y la tercera de enero.
Según trascendió desde el Ejecutivo, tras las conversaciones y sugerencias recibidas, se resolvió adjudicar la tarea al Centro de Microdatos de la Universidad de Chile, entidad que se hizo cargo de esta fase -también por vía directa- entre 1987 y 2006. Microdatos también obtuvo la licitación de la medición 2011 y 2012, si bien esta última no se llevó a cabo, tras los cuestionamientos metodológicos de los que fue objeto el resultado de la pobreza informado para 2011 (14,4%).
LAS TRATATIVAS
Fuentes vinculadas al proceso señalan que ayer por la mañana, Baranda se reunió con el Decano de la Facultad de Economía y Negocios de la casa de estudios, Manuel Agosín, para afinar un posible acuerdo que, según las mismas fuentes, estaría cerca de sellarse restando algunas definiciones de carácter administrativo por parte de la casa de estudios.
Considerando lo acotado de los plazos con los que trabaja la cartera, se espera una definición para los próximos días.
Una de las materias en las que el Ejecutivo habría accedido a introducir cambios en relación de la licitación original, es respecto de los montos involucrados en el proceso de levantamiento de datos, que algunas instituciones interesadas habían considerado insuficientes. En ese plano, fuentes de gobierno afirman que el contrato podría cerrarse con un incremento cercano al 10% respecto de los $ 1.411 millones contemplados inicialmente en la licitación.
De acuerdo a lo establecido este año en la glosa correspondiente a la Casen de la Ley de Presupuestos, el trabajo de campo de la medición sólo podrá ser efectuado por una universidad. Esto acotó las opciones sobre las que pudo escoger el Ejecutivo.
Durante el proceso de licitación, los interesados también habían manifestado su inquietud respecto de la "confianza y credibilidad del proceso", pidiendo aclarar, por ejemplo, quién asumiría las funciones que hasta el año pasado desarrolló la Cepal en el cálculo de la tasa de pobreza. Asimismo, también se plantearon dudas relativas a los protocolos que se establecerían entre este nuevo organismo a cargo y el ministerio, "de tal forma que se garantice la autonomía del cálculo de la pobreza".
Esta semana, el Ministerio de Desarrollo Social nombró al panel de siete expertos que deberá supervisar el desarrollo de la encuesta, desde la elaboración del cuestionario hasta la difusión de los resultados. La instancia estará presidida por Rodrigo Jordán y tendrá como integrantes a Francisco Gallego, Claudio Sapelli, Eduardo Valenzuela, Rodrigo Castro, Osvaldo Larrañaga y Berta Teitelboim.
