El gobierno de Ollanta Humala reconoció que la huelga del departamnto de Cajamarca contra un proyecto minero ya cesó, por lo que se abren las posibilidades de diálogo, según una carta del presidente del Consejo de Ministros, Oscar Valdés, publicada hoy en Lima.

"El gobierno central está dispuesto a restablecer el diálogo con las autoridades de Cajamarca para viabilizar los proyectos de desarrollo", dijo Valdés en la carta enviada al presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos.

La misiva fue una respuesta a Santos, quien había dicho que la huelga que se inició el 24 de noviembre y que terminó de hecho el cuatro de diciembre con el dictado de estado de emergencia ya está oficialmente desconvocada, por lo que no habría motivos para no conversar.

La respuesta de Valdés y su aceptación de diálogo no incluye sin embargo la posibilidad de levantar el estado de emergencia en las provincias de Celendín, Cajamarca, Contumazá y Hualgayoc, en las que están recortadas las libertades constitucionales como respuesta a las protestas.

El jefe del gabinete ya se reunió con algunos alcaldes y dirigentes cívicos de Cajamarca, que aceptaron el peritaje al estudio de impacto ambiental de la minera estadounidense-peruana para desarrollar Conga, un proyecto de extracción de oro en el que se planea invertirán 4.800 millones de dólares, pero que según cajamarquinos y grupos ambientales causará daños al ecosistema.

"Todos estos aspectos de la conversación han sido puestos en conocimiento del presidente de la República, Ollanta Humala Tasso, quien tiene en sus manos la decisión de levantar el estado de emergencia en las jurisdicciones que se dispuso", señala la carta.

A pesar de los avances, la oposición contra Conga continúa. El presidente del Frente de Defensa de los Intereses de Cajamarca, Idelso Hernández, convocó a una huelga para el 20 de diciembre en las nueve provincias cajamarquinas que no se encuentran bajo el estado de excepción.

Para los analistas, empero, lo preponderante será el diálogo que pueda surgir entre Valdés y Santos, este último militante del partido maoísta Patria Roja al que el gobierno señala como parte de los "radicales" que supuestamente se oponen a Conga con argumentos políticos y no ecológicos.