Una solución intermedia es la que se está negociando por estos días al interior del oficialismo para sancionar el lucro en los colegios particulares subvencionados.
Por un lado, un grupo de senadores de la Nueva Mayoría -liderado por Carlos Montes y Ricardo Lagos Weber- propuso castigar penalmente el retiro de utilidades o uso de la subvención en fines distintos al proyecto educativo. Y, por otro, la DC impulsa la idea de aplicar sólo medidas disciplinarias de corte administrativo, sin posibilidad de cárcel, opción que fue planteada ayer por el gobierno en una nueva reunión entre el ministro Nicolás Eyzaguirre y senadores oficialistas. Sin embargo, ambas propuestas no concitaron consenso.
Así, fuentes del sector explican que la fórmula final por la que se inclinarán incluirá ambas medidas, estableciendo un rango que va desde multas hasta la posibilidad de cárcel efectiva. En esa línea, las mismas fuentes dicen que se considerarán sanciones civiles, administrativas y penales para castigar el lucro con fondos públicos.
Sin embargo, el detalle y las especificaciones técnicas de la indicación -que debe ser ingresada, junto al resto de las modificaciones al proyecto de inclusión, antes del 3 de enero- dependerá de una consulta que realizará el Ejecutivo al Consejo de Defensa del Estado.
En el oficialismo dicen que La Moneda le encargará un informe a ese organismo, en el que, básicamente, el CDE deberá explicar qué sucede según la legislación actual en el caso de "uso privado de fondos públicos". Es decir, se le preguntará por aquellas situaciones en las que un particular -en este caso un sostenedor de un colegio privado que recibe fondos públicos- utilice de forma indebida los recursos que le entrega el Estado.
La escala de sanciones dependerá -explican- de los montos involucrados; de si existe dolo o no y de la posible existencia de declaraciones alteradas que se entreguen al SII. Actualmente, el Código Penal estipula incluso penas de cárcel para los alcaldes que caigan en esa ilegalidad, que es definida como "malversación de fondos públicos". El objetivo de la indicación presentada por Montes y Lagos Weber era hacer extensivo ese criterio a los sostenedores. Si bien en el oficialismo explican que hoy la legislación considera como un delito cualquier mal uso de recursos del Estado, varios sectores de la Nueva Mayoría pretenden que eso quede explícito en la indicación al proyecto, para no dejar ningún resquicio legal que permita a los sostenedores quedar exentos de sanción.
Debate
Si bien evitaron entregar detalles de la reunión de ayer con Eyzaguirre, los parlamentarios exteriorizaron parte del debate que existe en el sector.
El senador Montes dijo que la propuesta del Ejecutivo "no convenció, ya que (la sanción) era solamente administrativa". Y agregó: "Algunos tipos de conductas son, efectivamente, penales, no un error administrativo". Su par socialista Fulvio Rossi agregó que "si un alcalde que desvía recursos destinados a la educación recibe una sanción, no veo por qué esa sanción deba ser diferente respecto de un sostenedor privado". En tanto, el senador y presidente de la DC, Ignacio Walker, sostuvo que se está trabajando en la fórmula específica y transmitió un mensaje ante el temor que existe entre los sostenedores por las normas que se van a implementar. "Quiero transmitir una señal de confianza a la comunidad educativa, incluyendo a los apoderados y a los sostenedores", comentó.
El tema volverá a ser abordado el fin de semana, en diversas conversaciones entre el bloque oficialista y el gobierno, y también en una nueva reunión que se realizará probablemente el próximo martes. Posteriormente, el Ejecutivo fijará un encuentro con los diputados de la Nueva Mayoría que integran la Comisión de Educación. El objetivo de esa cita es informarlos de las indicaciones y evaluar posibles perfeccionamientos. Esto, para evitar que en la Cámara se rechacen algunos cambios introducidos por el Senado, lo que provocaría que el proyecto deba ser visto en una comisión mixta.
