Gobierno precisa anuncio y dice que sólo se penalizarán tomas "violentas"

Un tema obligado en el comité político de La Moneda ayer fue el anuncio que el Presidente Sebastián Piñera hizo el domingo pasado, sobre un proyecto de ley que endurece sanciones contra los desórdenes públicos. Según se informó ese día, la iniciativa incluía penas de cárcel de hasta tres meses para las tomas ilegales de establecimientos educacionales, como colegios y universidades.

El proyecto, lanzado en medio de las negociaciones con los dirigentes estudiantiles, para poner fin al extenso conflicto en el sector, gatilló de inmediato un intenso debate, críticas de la oposición y de dirigentes universitarios.

Así, en la reunión de ayer de comité político, el presidente de la UDI, Juan Antonio Coloma, valoró la iniciativa, en cuanto endurece las sanciones para los encapuchados y tipifica el delito de "saqueo". Sin embargo, también indicó que la penalización de las tomas de establecimientos podía ser un elemento complejo en medio del actual escenario.

Su postura fue secundada por la senadora Lily Pérez, quien aludió al rechazo que generó en la opinión pública la decisión del alcalde de Providencia, Cristián Labbé, de desalojar algunos colegios de su comuna. Según un sondeo publicado el sábado por La Tercera, el 69% está en desacuerdo con el cierre de los colegios en toma.

Fue entonces cuando el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter -flanqueado por el abogado Juan Domingo Acosta, uno de los redactores del proyecto-, explicó que no cualquier toma será penalizada, sino sólo aquellas donde los manifestantes recurran a la fuerza o la violencia.

Tanto los ministros como los parlamentarios presentes acordaron entonces que el ministro Andrés Chadwick (Segegob) aclarara este asunto públicamente.

Al interior del Ejecutivo admitieron que el mensaje entregado el domingo había tenido "ruidos".

Así, Chadwick señaló más tarde que "si las tomas son pacíficas, no hay problema, pero si las tomas son con violencia y son por la fuerza, impidiendo el derecho de otras personas a poder ingresar a un establecimiento educacional, hospitalario o a usar las calles, no va a ser aceptado y por eso es que hemos mandado un proyecto de ley para que esto sea sancionado".

A su turno, Hinzpeter señaló que la ley apunta a que "los desórdenes públicos van a ser un delito. Y cuando con fuerza y con violencia se produzcan saqueos, tomas a edificios públicos o privados (…) estos se denominarán desórdenes públicos". Y agregó que el proyecto será tramitado con urgencia en el Parlamento.

Hasta ayer, en el Ejecutivo declinaron entregar el proyecto de ley que será ingresado al Parlamento. Algunos personeros de Palacio dijeron que se les estaban realizando algunos "ajustes".

Electorado base

En todo caso, más allá de la polémica, en las últimas semanas La Moneda ha recibido encuestas internas en que la gente ha valorado más la mantención del orden público, por sobre el derecho de manifestarse.

Además, en el gobierno admiten que la iniciativa lanzada el domingo es una señal dirigida al electorado tradicional de la derecha. Segmento cuyo respaldo es vital, dicen en el gobierno, en un contexto de baja adhesión general en los sondeos.

Por lo mismo, La Moneda seguirá promoviendo en los próximos días su agenda de seguridad ciudadana.

Así, el ministro Hinzpeter lanzará hoy -junto a su par de Defensa, Andrés Allamand- el lanzamiento del plan Frontera Norte, destinado a combatir el narcotráfico en el límite con Perú y Bolivia. Luego, iniciará una gira por el norte del país para promover ambas iniciativas.

El anuncio del domingo respecto de las sanciones por tomas de establecimientos no fue bien recibido por los dirigentes estudiantiles cuyos planteles llevan -en algunos casos como la U. de La Serena- cinco meses tomados. Su representante, Laura Palma, señaló que "es una más de las estrategias desesperadas para desarticular y desviar la atención del movimiento". Agregó que esto influye "mucho en la postura que vamos a tener el día miércoles ".

Para el presidente de la Feusach, Camilo Ballesteros, "lo que está haciendo el gobierno es buscar distintas formas para bajar la movilización y no para encontrar la solución a la problemática, y más en este momento, cuando se supone que estamos en diálogo", dijo, cuestionando el anuncio de este proyecto a pocos días de reunirse nuevamente con los estudiantes.

En esto coincide la vocera de los estudiantes secundarios, Danae Díaz, quien señaló que la medida "no va en búsqueda de una salida al conflicto y de la recuperación de una educación pública, sino que más bien el tema que a ellos les molesta, que es la pérdida de clases". Para el rector de la U. de Talca, Alvaro Rojas, "esta es una medida que hay que debatir".

Su par de la UC, Ignacio Sánchez, dijo que "siempre he encontrado que la toma es un acto violento y antidemocrático, pero que debe ser sancionado a nivel institucional. Las penas de cárcel me parecen un exceso.

"No resultan justas, no resultan apropiadas", dijo ayer el ministro Andrés Chadwick acerca de los cuestionamientos realizados el domingo por el ex titular de Hacienda Andrés Velasco. El ex secretario de Estado de Bachelet cuestionó la "poca información" entregada por el gobierno sobre el presupuesto, que será discutido este mes en el Congreso. "Da la impresión de que todavía no ha podido ver o leer el presupuesto o bien que ha tenido algún problema de memoria cuando en el gobierno pasado no logró solucionar el tema de la educación, no logró colocar los recursos para avanzar en la gratuidad de la educación en Chile, no logró ", indicó.