"Yo voy a cumplir todas las promesas que he hecho", dijo la Presidenta Michelle Bachelet, el 6 de julio, tras ser consultada en CNN Chile sobre el eventual cierre de Punta Peuco, el recinto penal que alberga a ex uniformados condenados por causas de derechos humanos. Y es justamente en eso que la Mandataria, junto a sus colaboradores más cercanos, está trabajando. Ya se definió el mes que se haría y se concretaría su compromiso: septiembre.
Así lo aseguraron fuentes de gobierno, quienes señalaron que las decisión se está trabajando en casi todos los ministerios, aunque el detalle más fino se maneja en las carteras más especializadas en la materia, como Justicia (en la propia Secretaría de Estado y en Gendarmería), Interior y Defensa. Según trascendió, septiembre fue el mes elegido, puesto que representa una "carga simbólica", como el 11 y 18 del mismo mes. Sin embargo, aún no se definen el día y la ejecución del anuncio.
Pero lo "simbólico" no solo sería el único factor que se estaría considerando en el gobierno para llevar a cabo el cierre, sino que también tiene que ver con los plazos que tiene el Ejecutivo para concretar sus promesas, puesto que se aproxima el fin de su mandato.
Las fuentes consultadas señalaron, además, que el gobierno está trabajando en un "formato de cierre", es decir, en cómo se llevará a cabo el traslado, los niveles de riesgo, el destino del penal Punta Peuco y dónde irán definitivamente los condenados por causas de derechos humanos.
Sobre el lugar al que serían trasladados los internos, los módulos de la cárcel Colina 1 se presentan como el destino más probable. Ya desde comienzos de año, el que era el sector de enfermería de este penal fue acondicionado para recibir a los ex uniformados condenados, el cual tiene una capacidad de 125 plazas (actualmente Punta Peuco tiene 130 reos), aunque habría margen para agrandarlo o trabajar en un plan de reacondicionamiento. Sin embargo, también se baraja la posibilidad de que los sentenciados que sean de regiones puedan cumplir su pena en recintos de la zona correspondiente.
El compromiso adquirido por la Presidenta nació tras una reunión que tuvo, en agosto de 2015, con la víctima del caso quemados, Carmen Gloria Quintana, donde le habría prometido que el cierre de Punta Peuco se haría en su gestión. "Yo estuve conversando con la Presidenta Bachelet y ella me comunicó que Punta Peuco se va a cerrar", dijo Quintana, en una entrevista con el sitio web El Desconcierto.
Dos años después, la Mandataria afirmó que cumplirá con su promesa. Ante esto, el ministro del Interior, Mario Fernández, dijo en julio pasado que "si lo prometió (el cierre de Punta Peuco), lo va a cerrar".
También justificó la decisión, en julio, el ministro de Justicia, Jaime Campos, quien señaló que este proceso "tiene una serie de complicaciones, que tiene que ver con la seguridad de los condenados; el principio de segregación que inspira a nuestro régimen de custodia; la vitalidad de los recintos y también la disposición de cupos o espacios para que ello pueda ocurrir".
Para concretar el cierre de esta cárcel se deberá firmar un decreto presidencial, tal como en 2013 se hizo con el penal Cordillera, recinto donde también cumplían condena ex uniformados por delitos de lesa humanidad. Tras el cierre del recinto ubicado en Peñalolén, los 10 internos que allí cumplían condena, entre ellos Manuel Contreras, fueron trasladados hasta Punta Peuco.
Situación en las FF.AA.
Dos días después de que la Presidenta anunciara que cumpliría su promesa de cerrar Punta Peuco, el comandante en jefe del Ejército, general Humberto Oviedo, llamó a mirar "el contexto histórico" al momento de enjuiciar el rol de los militares.
Oviedo señaló en aquella oportunidad que "hoy, esas actuaciones son observadas exclusivamente desde el prisma de nuestro tiempo, sin analizar ni considerar la situación concreta ni el contexto histórico y político en que tuvieron lugar".
Además de esto, también existiría molestia en las filas militares ante la decisión de cerrar el penal Punta Peuco.
Dicha situación se presentaría mayoritariamente en el Ejército, puesto que el porcentaje más alto de ex uniformados que cumplen condena en Punta Peuco son antiguos miembros de la institución castrense.
