La denuncia que en octubre pasado presentó la Fiscalía Nacional Económica (FNE) en contra de CMPC Tissue y SCA (ex Pisa) por colusión en el mercado del papel, no sólo dejó una investigación que avanza en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) y una negociación entre el grupo Matte y el Sernac para definir un mecanismo de compensación a los consumidores. Tras casi nueve meses, se reactivó un tema pendiente en la agenda oficial: el futuro del Decreto Ley 701, que desde 1974 subsidia al sector forestal y que el Ejecutivo buscó extender con un proyecto enviado al Congreso en mayo de 2015.

Pero ahora el gobierno dio un vuelco en su propuesta original y trabaja en una fórmula que busca concentrar los beneficios fiscales del DL 701 en  las empresas de menor tamaño del sector, dejando fuera a grandes operadores, como CMPC y Forestal Mininco (ambas de la familia Matte) y Celulosa Arauco (del grupo Angelini), que durante cuatro décadas accedieron al instrumento.

"La pretensión es que los incentivos de fomento productivo se centren exclusivamente en los pequeños propietarios, porque los grandes no requieren más recursos del Estado... Tenemos una debilidad que resolver en el caso de las empresas chicas, por eso se justifica colocar recursos en ellas. Quedarán fuera las grandes", afirma el director de Conaf (Corporación Nacional Forestal), Aarón Cavieres.

Giro en el enfoque

En los últimos 10 años de vigencia, el decreto que considera bonificaciones y exenciones tributarias a las plantaciones forestales tuvo un costo fiscal promedio anual de US$ 22,4 millones, según datos de la  Dirección de Presupuestos (Dipres). Dado que caducó en 2012, en los años siguientes se provisionaron recursos vía presupuestos por una cobertura menor. Por eso, el proyecto ingresado al Congreso en mayo de 2015 planteaba extender por tres años los incentivos fiscales, manteniendo el diseño de apoyo del giro.

Pero ante la ola de críticas que abrió la colusión del papel tissue, y pese a que la medida es parte de los compromisos del programa de gobierno, en noviembre el Ejecutivo decidió congelar su tramitación. Fue en el marco de la comisión investigadora que constituyó la Cámara de Diputados -para esclarecer si el decreto favoreció o no el escenario de colusión y enriquecimiento de los grupos económicos involucrados-, donde el ministro de Agricultura, Carlos Furche, entregó las nuevas directrices.

"Al analizar el DL 701, obviamente se observa que es necesario introducirle modificaciones profundas para actualizarlo", dijo Furche en  la instancia parlamentaria, según consta el informe final del trabajo concluido el mes pasado.

"Hemos tenido un período largo con el Decreto Ley 701, y a pesar de que hubo esfuerzos bastante importantes para refocalizar los recursos, esa etapa ya está agotada", añadió el personero.

El presidente de la comisión investigadora, el diputado PC Daniel Núñez, afirma que los parlamentarios instaron al ministro a diseñar un nuevo modelo de subsidio a la actividad forestal, que privilegie la creación de valor agregado y el apoyo a los pequeños productores.

"Esperamos que el gobierno se mueva en esa línea y deje de lado el subsidio implícito o explícito a las grandes empresas forestales, que son grupos económicos poderosos y que, además, se han coludido para perjudicar a los chilenos, como ha ocurrido con el caso de CMPC", recalca Núñez.

La transición 

Según los datos entregados por la Conaf a la comisión investigadora, entre 1974 y 2014 el Fisco desembolsó unos US$ 664 millones a través del DL 701. Del total, el 23% lo recibieron las grandes firmas del sector (entre ellas, CMPC), mientras que el 42% las medianas empresas y un 35%, pequeños propietarios.

La Ley de Presupuestos 2016  consigna $ 326 millones para el DL 701, cifra inferior a la de años anteriores, ya que el subsidio -renovado periódicamente- caducó en 2012.

"El decreto expiró en fomento. Ya no se entregan nuevos beneficios asociados, salvo acciones realizadas que no han sido cobradas, pero que se hicieron hasta la fecha de vigencia, en 2012", aclara Cavieres.

El director anticipa que mientras se diseña la nueva normativa -aún no hay fecha definida para su envío al Congreso-, se activará vía administrativa una línea de apoyo a pequeños propietarios. "Fijaremos instrumentos que operen como un puente entre hoy y el pasado, hasta que tengamos una ley de fomento", dice Cavieres. Si bien el alcance económico del mecanismo transitorio será inferior, asegura que "será suficiente para su viabilidad e impacto".

Uno de los últimos cambios relevantes al decreto se aplicó en 1998, para incorporar a los pequeños propietarios. En el mensaje del proyecto de mayo de 2015, el gobierno destaca que en este último período el Estado asignó un total de US$ 476 millones por bonificaciones forestales, de los que casi un 49% fue captado por pequeños propietarios forestales, lo que ayudó en alguna medida a revertir la concentración de beneficios que caracterizó la primera etapa del decreto.