Facultar al Ministerio del Interior para comprar las armas que están en manos de civiles, es una de las medidas propuestas por el gobierno para evitar que el armamento de particulares llegue a manos de delincuentes.

El subsecretario de Prevención del Delito, Cristóbal Lira, explicó que la iniciativa apunta a sacar de circulación las 755.946 armas que a la fecha han sido inscritas, según estadísticas de la Dirección General de Movilización Nacional (ver infografía). El año pasado 5.554 armas fueron destruidas, de las cuales el 47% (2.610) no estaban inscritas.

Por esta razón, la ley permitiría "facultar al Ministerio del Interior para hacer campañas para comprar armas, y así retirarlas de la ciudadanía".

Según Lira "en algunas partes del mundo se han ofrecido US$ 500 (más de $ 235 mil) por las armas y son campañas que realmente han tenido un resultado muy positivo, que han logrado recolectar muchas armas", aseguró la autoridad.

El modelo, según Lira, se replicó de Estados Unidos, Argentina y Brasil. En este último país, incluso, se elaboró un estudio que reveló que por cada 18 armas recuperadas se evitó la muerte de un civil.

"Lo que hemos visto es que en Estados Unidos, en lugares exitosos, no son montos bajos. Son montos que van desde US$ 200 a los US$ 500, por lo que se pagarían entre $ 100 mil y $ 300 mil por arma".

ENTREGAS Y PAGOS
La devolución del armamento y el posterior pago a su propietario, se concretaría una vez que el particular acredite la entrega del armamento. Además, explicaron desde el gobierno, no se indagará la procedencia del armamento.

El tipo de arma, según Lira, "tienen que ser de fabricación industrial, y no un arma 'hechiza' porque podemos incentivar la fabricación de estas armas".

El director de Seguridad Privada y Control de Armas de Carabineros, general Christian Fuenzalida, aseguró que "es bastante bueno activar motivaciones para que la gente entregue sus armas. Porque muchas veces, personas descuidadas con sus armas, al ser víctimas de delitos, permiten que delincuentes se apoderen de ellas". Desde 2005, Carabineros se transformó en la autoridad fiscalizadora en esta materia.

El senador de la comisión de Defensa Patricio Walker aseguró que la iniciativa, en caso de que sólo contemple la compra de armas "me parece viable y me parece sensato que esas armas que cumplen con los requisitos de la ley, o que no sean inscritas, sean devueltas".

Sin embargo, el parlamentario recordó que "el gran problema que tenemos en Chile es la gran cantidad de armas 'hechizas', el uso de armas que no están inscritas y que están en manos de delincuentes y que impide que haya un control adecuado".

Para Walker "me parece viable y sensato pensar que esas armas que cumplen con los requisitos de la ley, o que no han sido inscritas, se puedan establecer requisitos para recuperarlas y evitar que puedan producirse efectos indeseados".

Otro ítem al que apunta la ley es sancionar el porte de armas en la vía pública. Para ello se propuso aumentar las penas de 541 días hasta los tres años de cárcel. También se aumentan las penas y sanciones para quienes faciliten armas a menores.