A través de una queja disciplinaria -que se interpondrá hoy en la Corte de Apelaciones de Santiago- y un recurso de apelación ante el 7º Juzgado de Garantía, el Ministerio del Interior buscará dejar sin efecto el acuerdo que el lunes alcanzó el fiscal Víctor Vidal y los ocho imputados, por la toma de la sede del ex Congreso en Santiago, ocurrida el 20 de octubre de 2011.

A cambio de realizar charlas a favor de la campaña "Marca tu voto", vinculada a la asamblea constituyente en alguna circunscripción senatorial de Santiago, el juez Cristián Sánchez accedió a suspender el caso contra los acusados, entre los que estaba el ecologista y candidato a senador Luis Mariano Rendón.

Entre los argumentos que contiene la queja contra el magistrado se encuentra el impedimento de jueces -de acuerdo con el artículo 323 del Código Orgánico de Tribunales- para "mezclarse en reuniones, manifestaciones u otros actos de carácter político, o efectuar cualquier actividad de la misma índole dentro del Poder Judicial". Para acreditar este punto se alude a la resolución que el juez Sánchez dictó para validar el acuerdo: "Al tribunal le parece que particularmente el trabajo comunitario consistente en esta campaña social en los términos que definió la fiscalía es completamente coherente con un proceso histórico que viene viviendo el país en el último tiempo", resolvió el magistrado. Además, en el fallo aludió a los "hechos lamentables que ocurrieron el 11 de septiembre de 1973, y que dio lugar a la dictadura más cruel que ha enfrentado nuestra República, nunca más vuelvan a ocurrir y me parece que es el gesto que todos han hecho en esta audiencia". De ser sancionado, el magistrado arriesga desde una amonestación hasta la suspensión. En tanto, en el recurso de apelación -con que el gobierno espera reactivar la causa y llegar a juicio oral con los imputados- esboza que las condiciones para la suspensión condicional no son adecuadas ya que respalda ideas políticas. Otro punto tratado fue que, a juicio del Ministerio del Interior, las medidas son "desproporcionadas e importan un beneficio para los imputados". Asimismo, señalan que el acuerdo no cumple su rol "rehabilitador y resocializador", que apunte a disuadir al imputado de cometer nuevos delitos. Fuentes de Interior aseguran que el escrito contendrá parte del fallo que la Corte de Apelaciones dictó para revocar el acuerdo en el caso de la colusión de farmacias. La suspensión condicional de ese caso, también dictada por el juez Sánchez, quedó sin efecto, luego que la Corte considerara la reiteración del delito de alteración fraudulenta de precios, por lo que ordenó llegar hasta un juicio oral.

REACCION DE LOS JUECES

En una declaración pública difundida ayer, la Asociación Regional Santiago de Magistrados criticó las "declaraciones mediáticas abiertamente descalificatorias hacia la resolución judicial y el anuncio, por parte del Ministerio del Interior, querellante en la causa, de interponer una queja disciplinaria en contra el juez (...) constituyen una presión indebida a la función jurisdiccional de todos y cada uno de los jueces". El documento añade que la presentación de una queja busca "lesionar la independencia judicial y amedrentar a los jueces".

La vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, dijo lamentar "mucho las declaraciones de los jueces. Al contrario, debiesen ser los más proactivos en entender que la sanción que ellos dieron con respecto a la toma en el Congreso, toma que fue antidemocrática, violenta, no va acorde con lo que Chile hoy día quiere". Pérez señaló que "el Ministerio del Interior está representando la molestia por un fallo que consideramos que es una falta de respeto hacia la democracia". Claudio Uribe, presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, respaldó al fiscal Víctor Vidal: "Jamás propuso una condición de tipo político (...) el error del fiscal fue probablemente no haber estado suficientemente atento y haber terminado aceptando esta idea".