De acuerdo al cronograma de planificación del proceso constituyente impulsado por el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, el 2017 será un año crucial.
Para los próximos meses está contemplado que se concrete la redacción y posterior envío del proyecto de ley de la nueva Constitución, el que derivará de la información recogida en las denominadas bases ciudadanas redactadas tras la realización de los cabildos a lo largo del país. Además, para este año está también comprometida la reforma que habilitará al Congreso a cambiar la Carta Fundamental.
Sin embargo, en el último tiempo, tanto en el Ejecutivo como en el oficialismo han advertido que a 17 meses del término del gobierno se ha ido complejizando mantener las fechas comprometidas inicialmente, entre ellas volver a generar un debate nacional sobre el tema. Esto debido a factores como la existencia de otras prioridades legislativas y el bajo respaldo ciudadano de la Mandataria.
La revisión de las partidas presupuestarias de 2017 de los ministerios de Interior, Secretaría General de la Presidencia y Secretaría General de Gobierno -carteras a cargo de sacar adelante este proceso- registra una disminución de casi el 100% de los recursos al proceso que derivará en una nueva Constitución.
Por ejemplo, en el caso del ministerio a cargo de Mario Fernández se informa que, al contrario del presupuesto 2016, donde se asignó un total de $504.696 millones bajo la categoría "Estudios para una nueva Constitución", para el próximo año se eliminó completamente ese gasto.
Situación similar se registra al analizar la partida de la Secretaría General de Gobierno, cartera encargada de informar a la ciudadanía respecto de las principales políticas del Ejecutivo y que se dedicó a difundir la etapa participativa del proceso constituyente. En el ministerio a cargo de Marcelo Díaz se da cuenta de la eliminación de este gasto, que pasó de $1.133.000 millones en 2016 a 0 en 2017.
En el caso de la Secretaría General de la Presidencia se registró una reducción importante de estos recursos al pasar de $1.284.406 millones de 2016 a $139 millones, los que se solicitaron bajo la categoría "Estudios finales del proceso constituyente".
Desde el gobierno explicaron que estos recursos apuntan a financiar, por un lado, algunos estudios que permanecen pendientes, y por otro, hacerse cargo de la difusión de la nueva etapa del proceso constituyente, la que sería sustancialmente más reducida que la realizada durante este año. Así, en términos globales, el gobierno redujo en un 95% los fondos para la nueva Constitución.
Posta a un nuevo gobierno
La disminución de recursos al proceso constituyente se da en medio de una serie de cuestionamientos por parte de sectores que han sido parte de las distintas etapas. Una de las principales críticas apuntan a que -de acuerdo a sus análisis- hoy no están las condiciones suficientes para continuar con las distintas etapas comprometidas por Bachelet.
Por ejemplo, los encargados de redactar las conclusiones de la etapa diálogos y participación ciudadana, dirigidos por el sociólogo Rodrigo Márquez, han expuesto en varias reuniones las complejidades que han identificado para avanzar en su tarea.
De hecho, la semana pasada, Márquez y su grupo hicieron llegar un oficio al Consejo de Observadores Ciudadanos en el que señalan que sólo a mediados de noviembre podrán tener el consolidado de los datos cualitativos obtenidos en el proceso de participación. Estos antecedentes serán utilizados como insumos para la elaboración de las bases ciudadanas de la nueva Constitución
"La voluntad del Consejo es hacer bien el trabajo que se nos dio. Se van a tener que flexibilizar los planes originales", explicó Hernán Larraín Matte, integrante de la instancia.
En el caso del Consejo de Observadores Ciudadanos nombrado por Bachelet, en tanto, otros han señalado en reserva -incluso- la opción de que sea el próximo gobierno el que continúe el camino.
"¿Qué viabilidad política tiene el actual gobierno con un bajo respaldo ciudadano para instalar la propuesta constitucional? Sería mejor entregar a otro gobierno el impulso del cambio constitucional", aseguró el abogado Francisco Soto.
En esta misma línea, el abogado Francisco Zúñiga, quien fue parte de la comisión constitucional de la Presidenta Bachelet durante su campaña de gobierno, afirmó que "aunque el gobierno lograra despachar los dos proyectos constitucionales, lo cierto es que esto se va a presidencializar inevitablemente". b
