"Como no queremos que el gobierno pase de ser querellante a defensor, según le parezca en su momento a la autoridad de turno, es que exigimos al gobierno que se desista de su calidad de querellante".
Así, a través de una carta entregada a la Intendencia de la IX Región, los hijos del matrimonio Luchsinger Mackay le solicitaron formalmente al Ejecutivo que desista de la acción legal que presentó en el caso.
Ello, luego de que el abogado de la subsecretaría del Interior, Alexandro Alvarez, alegara en favor del arresto domiciliario total para la machi Francisca Linconao, mientras se discutía el recurso de amparo que presentó la defensa de la mujer de 60 años. La autoridad religiosa se encuentra acusada de haber participado en el ataque que terminó con la vida del matrimonio.
En la misiva de la familia se señala que "en nuestra búsqueda de verdad y justicia ante los tribunales, ya no confiamos en el gobierno y preferimos continuar solos, junto a nuestro abogado, hasta el final del juicio".
La petición no fue bien recibida en La Moneda, donde descartaron dejar de ser parte del proceso contra la machi y otras 10 personas.
"Todos los chilenos tienen derecho a hacer las peticiones que estimen pertinentes, pero el gobierno es parte de este juicio y lo va a seguir siendo", aseguró el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy.
Y agregó: "Este es un crimen horroroso en una región y, por lo tanto, nosotros somos parte desde el principio de este juicio, y lo vamos a seguir siendo. Estamos pidiendo las penas máximas para aquellos que se demuestre que son culpables".
Aleuy declinó referirse sobre la decisión de la Corte de Apelaciones de Temuco de revertir la prisión preventiva de la machi por arresto domiciliario total.
"Nosotros hemos dicho reiteradamente que respetamos las decisiones del Poder Judicial y no comentamos casos que están en proceso", afirmó.
Ante las preguntas respecto de si el gobierno "cedió" para que la machi Linconao regresara a su casa y así depusiera la huelga de hambre que mantuvo por 14 días, el subsecretario aseguró que "no nos sentimos presionados. Nosotros seguimos siendo parte del proceso y lo seguiremos siendo. Si la machi ha sido tratada o no con igualdad ante la ley, eso lo determinan los tribunales, no nosotros. El juez tomó la decisión ajustada a la ley y eso lo respetamos".
Por su parte, el fiscal nacional, Jorge Abbott, dijo que el cambio de cautelar no correspondía y que "debería estar en prisión preventiva igual que el resto".
