La relación entre el sector público y el gobierno terminó 2016 marcada por la tensión, cuyo punto más álgido fue la paralización de tres semanas en noviembre por el reajuste, que acarreó elevados costos políticos para el gobierno y para las personas en el acceso a atención pública, y en el Congreso tuvo su momento más complejo durante la votación del reajuste de 3,2% propuesto por el Ejecutivo, en una controvertida sesión que terminó con fuertes incidentes. El tema aún no se cierra, porque todavía existe la opción de que se realicen descuentos salariales a los funcionarios que participaron de las movilizaciones.
A esto se suma otro desafío: el cumplimiento del "Protocolo de Acuerdo", en que ambas partes acordaron el 2 de julio de 2015, que definió 19 cambios legales y administrativos orientados a mejorar las condiciones laborales del sector público.
Este compromiso -entre el gobierno, representado por el titular de Hacienda, Rodrigo Valdés, y la entonces ministra del Trabajo, Ximena Rincón, y al presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (Anef)- tiene plazo para concretarse entre julio de 2015 y marzo de 2018, período que corresponde al mandato de la Presidenta Michelle Bachelet.
Mientras la Anef plantea que a la fecha se han concretado sólo seis iniciativas y que varias de las restantes están fuera de plazo, el "Informe de Avance de Implementación" elaborado por la Dirección de Presupuesto (Dipres) afirma que se han implementado 10 de las 19 medidas comprometidas.
Diferencias
"Como funcionarios públicos valoramos este compromiso con el gobierno, porque con Sebastián Piñera no habríamos tenido una ruta de trabajo como esta, pero hay que poner las cosas en la balanza. A la fecha algunas iniciativas se han cumplido y otras no se han cumplido; las conversaciones con el Ejecutivo están quebradas, y varios temas se encuentran pausados", dijo el presidente de la Anef, Raúl de la Puente, quien esta semana deja el cargo que ocupó por 20 años y que ahora asumirá el actual vicepresidente Carlos Insunza.
"Este protocolo va a constituir la carta de navegación del futuro directorio de la Anef, aquí están los principales temas por los que la Anef deberá trabajar con el gobierno, es una tarea que debe continuar", afirmó De la Puente.
A la fecha, sostuvo el titular de la Anef, sólo se han concretado seis iniciativas del acuerdo: la ley de incentivo al retiro de los funcionarios públicos; el instructivo presidencial de desarrollo de personas; la iniciativa que regulariza los viáticos nacionales de los funcionarios públicos; el posnatal parental; contrato a honorarios; y la creación de códigos éticos en la administración pública.
"El resto de las medidas están pausadas y no se han visto grandes avances. En su momento se levantaron estudios y análisis, pero ahora la gran mayoría se encuentra detenida", dijo De La Puente.
Sobre esto, la Dipres señaló que "algunas materias han debido reprogramarse en sus plazos" y puntualizó que "el gobierno mantiene su intención de cumplir el protocolo suscrito con la Anef". A pesar de ello, el "Informe de Avance de Implementación", al cual La Tercera tuvo acceso, afirma que se avanzó en 10 iniciativas.
Así, la Dipres considera también, fuera de las medidas identificadas por la Anef, el cumplimiento de la iniciativa relacionada a la bonificación adicional de funcionarios de zonas extremas; el levantamiento de inversión en infraestructura para las salas cuna y jardines infantiles existentes en la administración pública; concursabilidad, ascensos y escalafones de mérito para generar 'carrera' dentro de los servicios públicos, y la inclusión del sector público a la mesa de trabajo de descentralización.
Sobre las nueve medidas que aún no se concretan, en el documento de Dipres se plantea que el gobierno está a la espera de las respuestas de la Anef para su avance.
Ese es el caso, por ejemplo, de la modificación de la Ley 19.296 sobre normas para la representación territorial y vigencia de las organizaciones sindicales.
Pero el presidente de la Anef revela que "no hemos tenido conversaciones con el gobierno sobre este tema. Acá no se ha hecho nada".
También hay diferencias sobre las medidas para la igualdad de remuneraciones hombre-mujer. En el protocolo se lee que ambas partes se comprometieron a evaluar y trabajar en conjunto esta materia, para eso comprometieron un diagnóstico y el diseño e implementación gradual de instrumentos que permitan avanzar en esta dirección.
Sin embargo, el documento de Dipres sólo muestra la elaboración del estudio y la posterior realización de un seminario, omitiendo el si se elaboraron o no instrumentos para igualar las remuneraciones dentro del sector público.
La Dipres aclaró que "la concreción de las iniciativas específicas depende de que se llegue a acuerdos específicos con la Anef en cada una de ellas", enfatizando que el gobierno mantiene su intención de dar cumplimiento al documento.
