"Necesitamos que sea un proyecto lo más consensuado posible, porque, claramente, frente al terrorismo se requiere el aporte y el apoyo de todos los sectores", enfatizaba ayer el ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, tras sostener una maratónica ronda de reuniones con parlamentarios de la oposición y oficialistas, en el Congreso.
El jefe de gabinete se había trasladado a Valparaíso con el borrador del proyecto que el gobierno prepara para modificar la actual Ley Antiterrorista, justamente con el propósito de buscar respaldos a la iniciativa que se enviaría al Congreso el martes de la próxima semana.
En este escenario, Peñailillo recalcó la voluntad del Ejecutivo de contemplar las propuestas de todos los sectores. En la ronda de conversaciones se avanzó en un cronograma de la tramitación y se concordó que la iniciativa ingresaría a través de la Comisión de Constitución del Senado.
Desde la Alianza, el senador de RN Alberto Espina, quien -junto al PPD Felipe Harboe y el UDI Hernán Larraín- participó de uno de los encuentros con el titular del Interior, señaló que el ánimo en la oposición es avanzar hacia un "acuerdo nacional", pero advirtió que ellos también apostarán por sacar adelante sus propias iniciativas.
De hecho, en la reunión con Peñailillo, parlamentarios de RN y de la UDI le presentaron al ministro sus respectivos proyectos. "Es evidente que uno tiene que tratar de llegar con los proyectos lo más consensuados posible. Pero no olvidemos que el lugar donde se tramita es en las comisiones", afirmó Espina.
EL PROYECTO DEL GOBIERNO
Según el borrador del proyecto, el gobierno buscará poner fin a la Ley Antiterrorista como una legislación especial e incorporarla dentro del Código Penal.
La iniciativa del Ejecutivo también permitiría tipificar como delito terrorista la actuación individual y solitaria de una persona, sin necesidad de vincularlo a una asociación ilícita, como en la actualidad.
Además, en el mensaje que acompañará al proyecto se dejará estipulado que la nueva normativa no es concebida para enfrentar conflictos sociales, en alusión a la causa mapuche.
Las modificaciones que presentará el gobierno incluyen también cambios al código procesal penal. Por ejemplo, en el Libro II sobre el procedimiento ordinario, se abordan las diligencias y medidas especiales de investigación que tendrá la nueva legislación antiterrorista.
Una de las primeras propuestas contempla que, además del Ministerio Público, el Ministerio del Interior pueda iniciar investigaciones "a los delitos de asociación criminal terrorista, financiamiento del terrorismo y de seguridad del Estado".
Sobre el plazo de la indagación, el borrador del gobierno plantea que el fiscal "dispondrá de tres años desde su judicialización" y en relación con el secreto de la investigación, "el plazo no podrá, en ningún caso, exceder los seis meses".
La iniciativa de La Moneda también aborda la figura del agente encubierto y revelador, dejando en manos del juez de garantía, "a petición del Ministerio Público", la autorización "a funcionarios policiales determinados para que se desempeñen como agentes encubiertos reveladores. Asimismo, se podrá autorizar su empleo cuando, en base a hechos o antecedentes determinados, exista peligro de repetición de los mismos delitos y otros medios de investigación hubieren resultado ineficaces o insuficientes".
Además, afirma el texto, "el agente encubierto podrá tener una historia ficticia".
Ambos agentes, plantea el borrador, estarán "exentos de responsabilidad criminal por aquellos delitos en que deban incurrir o que no hayan podido impedir, siempre y cuando se hayan cometido en el marco de la autorización judicial respec- tiva".
Entre las medidas cautelares propuestas está que "el Ministerio Público podrá solicitar al juez de garantía que decrete, sin comunicación previa al afectado y antes de la formalización de la investigación, el impedimento de la salida del país de quienes se sospeche fundadamente que están vinculados" a delito terrorista. Esta restricción podrá extenderse por máximo 60 días.
Se propone también que el Ministerio Público "podrá pedir al juez de garantía", entre otras acciones, "recluir al imputado en lugares públicos especialmente destinados a este objeto, establecer restricciones al régimen de visitas e interceptar, abrir o registrar sus comunicaciones telefónicas e informáticas y su correspondencia epistolar y telegráfica".
Otra modificación sugerida por la comisión plantea que el "juez de garantía podrá ordenar el empleo de medios tecnológicos para captar, grabar y registrar subrepticiamente imágenes o sonidos en lugares cerrados o que no sean de libre acceso al público".
