Luego de que ayer se publicara en el Diario Oficial el anteproyecto de norma que regulará las emisiones de diversos contaminantes -entre ellos dióxido de azufre, arsénico y mercurio- realizadas por las fundiciones, el jefe de la oficina de Asuntos Atmosféricos del Ministerio de Medio Ambiente, Marcelo Fernández, señaló que serán las compañías estatales como Enami y Codelco, las que deberán realizar la mayor inversión para adecuarse a la ley.
El anteproyecto, que actualmente está sometido a consulta, establece que el mínimo de la capura de contaminantes será de un 95% para las fundiciones existentes en el país, que son principalmente de cobre. Con ello las emisiones anuales caerían en torno a 50%.
"Estimamos que son más de US$1.000 millones (de inversión). Las principales inversiones van a estar en las fundiciones públicas, en Codelco y Enami", dijo a La Tercera Fernández, añadiendo que en el caso de las compañías privadas, las modificaciones estaban contempladas por otras exigencias ambientales, por lo que, "éstas normas no les impone costos adicionales".
En ese sentido, fuentes de Enami apuntaron que la inversión que deberá realizar la compañía para subir la captación de azufre desde el 90% al 95%, en su fundición Paipote, es superior a los US$350 millones.
Mientras que en el caso de Codelco, el monto estaría inserto en los US$1.000 millones que contempla su plan ambiental, que incluye las fundiciones.
En Chuquicamata, de Codelco, el porcentaje de captura es de 91%; en Caletones , de 88%, y en Ventanas, el nivel es de 94%.
En cuanto a Altonorte, de Xstrata, se destinarían unos US$100 millones, para elevar la captación desde el 93% actual al 95%.
Fernández también señaló que esperan publicar la norma durante el primer trimestre del próximo año, por lo que su adecuación tomaría del orden de cinco años.
"Hay varios tipos de exigencia que tiene la norma. Hay exigencias operacionales. Por ejemplo, lo primero es el congelamiento de emisiones, que entre en vigor desde la publicación de la norma; segundo es la implementación de varias medidas operacionales que están en el texto de la norma y que entran a los 3, 6 y 18 meses de publicada la norma, después están los límites de chimenea, y después lo más importante son los límites de reduccion de arsénico y azufre que en todos los casos tienen un plazo de 5 años como máximo", aseveró.
Sin embargo, manifestó que el anteproyecto podría ser modificado, si es que así lo requieren.
"El anteproyecto podría ser modificado. Pero desde nuestro punto de vista creeemos que eso es lo que corresponde regular. Ahora lo que corresponde son 60 días en donde recibimos antecedentes y consultas y obervaciones y sugerencias de todo tipo de sectores, no sólo de regulados, sino que de la sociedad civil, de ONG, y siempre existe la posibilidad de que se hagan ajustes", comentó
COMPETITIVIDAD
A juicio de Fernández, la inversión que tendrán que realizar las compañías, no implicará una pérdida de competitividad, ya que gracias a las modificaciones las fundiciones del país quedarán con un alto estándar ambiental.
"Para Chile las fundiciones de cobre son esenciales para poder vender cobre refinado y no vender concentrado, considerando además que los concentrados de cobre chileno tienen bastante arsénico y podrían tener un montón de restricciones para ser lanzados en el mundo. Por lo tanto, Chile tiene que tener sus fundiciones, pero no cualquier fundición, y por eso que esta norma nos permite avanzar significativamente en la competitividad éstas".
"Frente a los conflictos que están enfrentando algunas fundiciones con su entorno y considerando los impactos que producen, esta norma se hace cargo adecuadamente de ello y les permite seguir produciendo cobre fino con un bajo impacto en el medio ambiente o controlando significativamente el impacto que tienen", añadió.
