A la oficina del ministro de la Presidencia, Cristián Larroulet, en La Moneda llegó ayer en la mañana el senador socialista Fulvio Rossi.

El parlamentario PS había sido mandatado por sus pares opositores para negociar ciertos ajustes finales al proyecto de ley que busca regular el lobby y toda gestión de grupos de interés que persiga influir ante autoridades.

La iniciativa, que se encuentra en una fase decisiva en el Congreso, crea un registro público de la agenda de autoridades, quienes estarían obligadas a transparentar reuniones, viajes o regalos. Adicionalmente, el texto contempla crear un registro de lobbistas -que fue repuesto a petición de diputados opositores- para transparentar las actividades de aquellas personas que, en forma remunerada, realizan gestión de intereses.

El proyecto emanado de la Cámara, sin embargo, no dejó conformes a los senadores de oposición, quienes pedían fortalecer el registro de lobbistas y endurecer las sanciones. Además, pedían que el sitio web, donde debía ser difundida la agenda de las autoridades, fuese administrado por el Consejo para la Transparencia y se mantuviese actualizado cada tres meses.

La mayoría de estos puntos fueron acogidos por Larroulet en la reunión con Rossi. No obstante, no hubo acuerdo en el diseño final que tendría el registro de lobbistas.

Este último tema ha sido uno de los nudos de la negociación. Mientras un sector de la oposición cree que este punto debe ser el eje de la iniciativa, el Ejecutivo estima que es mejor un registro amplio que incorpore a quienes realizan lobby en forma oculta o sin remuneración directa (por ejemplo, representantes de organizaciones sociales, profesionales o gremiales). Adicionalmente, ciertos senadores opositores han pedido excluir a los asesores parlamentarios de la exigencia para transparentar su agenda.

Debido a las diferencias, el proyecto, que estaba ayer en la tabla del Senado, no fue sometido a votación y está pendiente si se discute hoy. Pero en el gobierno ya hay resignación de que la iniciativa -que, de ser aprobada, estaría en condiciones de convertirse en ley- tendrá que ser revisada por una comisión mixta de senadores y diputados para buscar un acuerdo definitivo.

El riesgo de que el proyecto fracase, sin embargo, es alto. Anteriormente, una iniciativa similar del gobierno de Lagos fracasó por no arribar a un consenso, a pesar de cinco años de discusión legislativa. Y la actual reforma del lobby ya lleva cinco años de tramitación por diferencias políticas.

"Seguimos avanzando y hemos tenido reuniones. El gobierno mantiene el optimismo de que, después de 10 años, el país va a tener una ley de lobby", dijo ayer Larroulet.