El Presidente venezolano Nicolás Maduro cumplirá hoy la promesa que hizo tantas veces a lo largo de estos últimos tres meses. "Llueva, truene o relampaguee, la Constituyente sí va", aseguró el 12 de mayo, semanas después de anunciar sus planes para reformar la Constitución de Venezuela. Volvió a repetir la frase días después e incluso esta misma semana, mientras se acumulan las críticas por la iniciativa oficialista y cuando la tensión política y social parece alcanzar niveles peligrosos. Hoy se llevarán a cabo las elecciones de los diputados que conformarán la Asamblea Nacional Constituyente, una movida con la que, según la oposición, el Ejecutivo busca ganar tiempo y poder.

La iniciativa fue anunciada el 1 de mayo por Maduro, quien aseguró que era "el único camino" para el "diálogo y la paz". La crisis en Venezuela se ha recrudecido en los últimos meses, con protestas antigubernamentales que desde comienzos de abril han dejado más de 100 muertos. Pero la convocatoria sólo sirvió para encender aún más las tensiones. El proceso Constituyente cuenta con el rechazo del 72% de la población, según Datanálisis, y de varias figuras cercanas al chavismo, como la fiscal general, Luisa Ortega.

El proceso ha causado reacciones en distintos lugares del globo y ha sido considerado como un directo desafío a las instituciones vigentes y a la comunidad internacional. La mayoría de los gobiernos de la región han rechazado la medida. Las condenas más fuertes han llegado desde Perú, Argentina, Chile, Brasil y Colombia, pero otros países como España, Alemania, Canadá, México y Panamá también han solicitado a Maduro terminar con su proyecto.

Las críticas también se han sentido desde la Administración de Donald Trump, en Estados Unidos, que amenazó con dejar de comprar petróleo a Venezuela -lo que dañaría profundamente su débil economía- si se mantenía adelante el proceso constituyente.

Estados Unidos ya ha tomado medidas: esta semana pidió a sus diplomáticos en Caracas sacar a sus familias del país y sancionó a 13 funcionarios y militares venezolanos, incluyendo a la directora del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena. A través de una llamada del vicepresidente Mike Pence al líder opositor Leopoldo López, Washington amenazó con más sanciones en caso de que se mantengan los planes de Maduro.

La Constituyente ha sido rechazada también por distintas organizaciones como la Unión Europea y la OEA. El ex presidente del gobierno español, José Rodríguez Zapatero fue uno de los últimos en insistir ayer, luego de reunirse con representantes del gobierno y la oposición, en la necesidad de volver a establecer una mesa de diálogo.

La iniciativa también es considerada como un claro desafío a la oposición venezolana, concentrada en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que ha organizado manifestaciones y "trancazos" en protesta a la Constituyente. La basura y escombros que se utilizaron durante la última semana ene esos actos de desobediencia seguían visibles ayer en algunas zonas del este de la capital, pero el número de personas que participó en las actividades bajó de manera significativa en la víspera de la elección.

De todas formas la oposición convocó para hoy a protestas en todo el país, pero el oficialismo dijo estar preparado para llevar a cabo los comicios. De hecho, casi la totalidad de los centros de votación fueron instalados ayer en todo el país.

La oposición, que ha llamado a no votar en estas elecciones, ha advertido sobre un posible choque institucional. Esto porque, entre sus promesas, el oficialismo ha adelantado que, una vez que se instale la Asamblea Nacional Constituyente, podría disolver la Asamblea Nacional, controlada por la MUD, y al Ministerio Público, al que calificó de "traidor" luego que la fiscal Ortega se convirtiera en una de las grandes enemigas del gobierno. Según los opositores, con estos dos poderes públicos fuera de circulación, el gobierno de Maduro se encaminaría en la "consolidación de una dictadura".

"Llevar a cabo las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente es quizás el mayor acto de desafío no sólo a la gran mayoría de los venezolanos sino que a casi todo el mundo que le ha advertido a su gobierno que no lleve a cabo esas elecciones. A pesar de eso, el gobierno de Maduro ha decidido hacerlo, desafiando la voluntad de las organizaciones internacionales del mundo", aseguró a La Tercera el analista venezolano Miguel Velarde.

El gobierno tratará de evitar a toda costa una alta abstención, especialmente después de que 7,6 millones de venezolanos rechazaran la Constituyente en un plebiscito simbólico que la oposición organizó hace dos semanas. Sin embargo, hay incertidumbre sobre si el ente electoral revelará las cifras de participación de la jornada o sobre cuál será el escenario que le espera al país tras los comicios. "Lo que se puede esperar que ocurra es la profundización del conflicto y el agravamiento de la crisis y un gobierno mucho más aislado y condenado a nivel local e internacional", aseguró Velarde.