A juicio de la Contraloría, la gratuidad debería recibir el mismo tratamiento de una beca de educación superior, lo que para los rectores y el Ministerio de Educación no se ajusta al espíritu del beneficio en términos de que no se trata de un financiamiento a los estudiantes, tipo voucher, sino a aportes para las instituciones.
En el informe final de auditoría al programa de acceso al financiamiento gratuito de la educación realizado a la U. de Valparaíso, la Contraloría establece que 220 estudiantes de dicho plantel sólo cursaron un semestre de sus respectivas carreras durante el año 2016, lo que se traduce en una eventual devolución de $ 268.934.914.
El documento indica que debido a que la glosa 05 de la Ley de Presupuestos de 2016 no establece "que se deba devolver el monto correspondiente al período en que el alumno no estudió" y tampoco "una limitación al número de veces en que los interesados que se encuentren en esa condición (deserción) puedan volver a obtener el beneficio", no se estaría velando "por la eficiente e idónea administración de los recursos públicos", de acuerdo a la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.
La jefa de la División de Educación Superior del Mineduc, Alejandra Contreras, explicó que en un preinforme que envió la Contraloría al ministerio se "plantea que en la implementación de la gratuidad se tomen medidas que se aplican hoy a los beneficios que se entregan directamente a los estudiantes (becas)".
Tanto el Mineduc como los rectores rechazan esta interpretación por parte de la Contraloría. El vicepresidente del Cruch y rector de la U. de Valparaíso, Aldo Valle, manifestó que si las universidades estuvieran obligadas a devolver recursos por el retiro de alumnos durante el año académico, la gratuidad se transformaría en una beca.
"Las universidades no pueden disminuir sus gastos a mitad de semestre porque un porcentaje de alumnos decidió no perseverar en la carrera por razones personales o de otro tipo. Las instituciones fijan sus presupuestos al inicio del año y al profesor no se le paga por el número de alumnos sino por su actividad académica", explicó Valle.
En tanto, el rector de la U. Austral, Oscar Galindo, sostuvo que "no se puede poner en riesgo la política de gratuidad con una interpretación de esta naturaleza (...) no se puede dejar de considerar que al matricular un estudiante las universidades incurren en los gastos asociados a ese estudiante por todo el año, ya que los costos de docencia, infraestructura y equipamiento están siempre pensados para el número total de estudiantes".
Contreras manifestó que "en la misma línea de lo que han planteado los rectores, es fundamental aclarar que para el Gobierno la Gratuidad no es un aporte al alumno, sino que es un aporte que se realiza a la institución de manera directa, para que los estudiantes que cumplen los requisitos estudien sin cobro alguno de matrícula ni arancel.
El Ministerio de Educación ya envió a la Contraloría la respuesta a las observaciones que el organismo hizo en el preinforme, y según indicó Contreras, el ministerio explicó que "la forma de transferencia de fondos de esta política y por qué no es lo mismo que las becas, que financian directamente al estudiante. La Gratuidad es una política cuya naturaleza jurídica es el financiamiento institucional".
Contreras enfatizó que "a diferencia de las becas, las universidades tendrán libre disposición de dichos recursos, por lo que no se puede exigir su devolución dependiendo del comportamiento de cada estudiante".
