Fue un gran dolor de cabeza para 15 de las 30 universidades que adscribieron a la gratuidad en 2016 y se transformó en una preocupación para el Ministerio de Educación (Mineduc), luego de que dos planteles amenazaran con salirse del beneficio.

El déficit generado no dejó indiferente a nadie. Por eso, desde hace varios meses se venía rumoreando una posible solución. Y, hoy, en la sesión del Consejo de Rectores en Antofagasta, el Mineduc informó un cambio radical en el cálculo de los aranceles regulados, lo que ya está vigente a través de un decreto al cual tuvo acceso La Tercera.

La nueva fórmula incluye una agrupación de carreras o "Grupos de Programas de Estudio (GPE)", considerando estándares de la Ocde, además de la cantidad de años de acreditación en el área de investigación.

En el caso de las universidades, los GPE "se formarán a partir de carreras que compartan los mismos atributos, lo que considera años de acreditación institucional al 31 de diciembre y el nivel de la carrera", dice el documento. Esto último se refiere a si, por ejemplo, es Bachillerato, carrera profesionales con licenciatura, licenciatura no conducente a título o técnica de nivel superior.

"Las instituciones que están acreditadas por cuatro o menos años en investigación recibirán un aporte extra de un 3%; las que acreditan por cinco y seis años recibirán un 6% más, y las que certifican por siete años, un 12%", explicó el rector de la U. Católica, Ignacio Sánchez.

Así, según lo que informó Alejandra Contreras, jefa de la División de Educación Superior del Mineduc, en el caso de la U. de Santiago disminuiría el déficit de $ 1.000 millones a $ 0, mientras que en la UC bajaría de $ 1.700 millones a $ 1.400, según información preliminar. "No desaparece el déficit, pero va por buen camino", enfatizó Sánchez, quien agregó que espera que para 2018, con el aumento de la cobertura del 50% al 60% más vulnerable y el consiguiente aumento de la brecha, el Ejecutivo mejore el cálculo del arancel.

No todos quedaron conformes. Oscar Galindo, rector de la U. Austral, señaló que es necesario ajustar los aranceles, "pero esto no puede hacerse de manera intempestiva, modificando criterios conocidos antes de incorporarse a gratuidad. Esto profundiza las inequidades en el sistema".

Galindo sostuvo que hay varios planteles, especialmente en regiones, que tienen aranceles más bajos, "pero ofrecen altos estándares de calidad en investigación y docencia, y se verán afectados en la medida en que solamente se busque cubrir brechas existentes y no fortalecer el desarrollo".

A juicio del rector, se requiere de un nuevo modelo de cálculo de aranceles y "se deben considerar otros criterios".

Para Cristián Nazer, rector de la U. Finis Terrae, el cambio es "desprolijo e inconsistente", debido a que "nuevamente se busca solo dar más recursos a las universidades antiguas, ya consolidadas, y no promover las universidades jóvenes de calidad".

En el caso de los institutos profesionales y centros de formación técnica, se hará un procedimiento similar al de las universidades, por lo que las carreras se agruparán en técnico de nivel superior y carreras profesionales sin licenciatura.