Eran cerca de las 10.45 de la mañana de ayer, cuando en la Sala de la Cámara de Diputados se dio cuenta del ingreso al Congreso del proyecto de educación superior, el quinto y último pilar de la reforma más importante y polémica del gobierno de Michelle Bachelet. La iniciativa -que fue presentada sin urgencia por el gobierno- será explicada hoy en una sesión especial de la Comisión de Educación (15.30), para iniciar formalmente su tramitación, después de casi dos años de espera.
La publicación del texto de 170 páginas despejó de inmediato una de las dudas más profundas de la reforma educacional: el costo de la gratuidad universal en régimen. El informe financiero en la última de sus cuatro páginas responde en parte a esa consulta: 3.505 millones de dólares, incluyendo un monto para becas de mantención y los recursos destinados para la creación de un fondo para el desarrollo de la investigación de las instituciones adscritas a esta nueva política pública.
Si bien el proyecto establece un mecanismo para el avance gradual hacia la gratuidad universal (ver tabla), fue el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, quien ayer encendió las alarmas en muchos parlamentarios al señalar que será el propio país el que deberá definir si Chile contará con los recursos necesarios para financiar este beneficio. "La parte de educación superior cuesta un punto y medio del PIB y el PIB nuestro es US$ 240 mil millones, por lo tanto 1% son 2.400 millones de dólares. Si Chile tuviera esa plata, supongamos que tenemos la suerte de que el precio del cobre vuelve a 3 dólares, la pregunta siguiente que tiene que hacerse la sociedad, y que el proyecto de ley pone sobre la mesa, es ¿queremos usar toda esa plata en educación superior o hay otras necesidades también que compiten con ésta, como salud, educación no terciaria, pensiones".
A diferencia del ministro Valdés, la diputada Camila Vallejo aseguró que la gratuidad universal no estaría en duda porque fue parte del programa de gobierno y afirmó que "lo central es que el tema económico debe subordinarse a definiciones políticas. No podemos permitir que la definición de lo que es posible o no esté supeditado a criterios financieros".
Otra reforma tributaria
En el articulado se establece una fórmula para ir avanzando en la cobertura de los deciles, desde los cinco primeros, que hoy reciben el beneficio, al décimo. Este se basa en la capacidad del país para recaudar recursos, calculado a través del PIB tendencial, lo que según los expertos se realiza mediante impuestos y obligaría a un futuro gobierno a hacer una nueva reforma tributaria para llegar a la gratuidad universal.
El economista de la U. Adolfo Ibáñez, Claudio Agostini, explicó que para "pasar del decil seis a la gratuidad total faltan 6,5 puntos porcentuales del PIB, y uno se pregunta cómo se logra eso. No hay magia, se requiere una reforma tributaria". Y en tal camino indicó que "hay dos salidas: hacer una reforma tributaria igual o incluso mayor que la que ya se hizo, o no hay gratuidad para todos. Y me parece una fórmula responsable del ministro de Hacienda porque de esa forma se estarían financiando gastos permanentes con ingresos que no son permanentes".
Para el economista de la Universidad de Chile, Dante Contreras, la manera como está diseñado el modelo de gratuidad en el proyecto, "atiende al 70% más vulnerable de Chile y en ese sentido es una buena noticia". Y dijo que la regla de gradualidad "obedece a una restricción presupuestaria, porque hay otras necesidades, se hace un reconocimiento de que se atiende lo más urgente que son los siete primeros deciles más vulnerables".
El gobierno descartó que en la actual administración pueda haber una nueva reforma tributaria, decisión que quedaría en manos de la siguiente administración.
Gradualidad cuestionada
A juicio del investigador de la U. Diego Portales, José Joaquín Brunner, "la gradualidad estipulada en el proyecto no es tal, pues en realidad no constituye una escalera de tiempo que se pueda prever; es un proceso sujeto a unos "gatilladores" que a su turno dependen de la carga tributaria que genera los ingresos del Estado, todo esto -además- puesto en términos estructurales de las finanzas fiscales, lo que hace aun más difícil avizorar la meta".
El vocero de Gobierno, Marcelo Díaz, enfatizó que "nosotros proponemos un camino que nos permite llegar a la gratuidad universal y corresponderá a otros gobiernos (tomar la decisión de cómo avanzar)". Además, la ministra de Educación, Adriana Delpiano, indicó que "muy responsablemente lo que se ha quedado de financiar en este gobierno esta financiado y tiene el respaldo. Justamente porque no sabemos cómo viene la economía para adelante se han establecido mecanismos por los cuales se sigue avanzando, pero nosotros estamos llanos a escuchar las mejores soluciones y propuestas que puedan tener los parlamentarios".
El diputado Giorgio Jackson cuestionó que "sólo se puede seguir escalando en la progresión de gratuidad si es que otro gobierno decide aumentar la carga impositiva, por lo tanto, hacer una reforma tributaria". Y subrayó que "esa norma incumple la página 20 del programa de gobierno que la Nueva Mayoría le prometió al país y en la que se dice que en seis años va a haber gratuidad universal. Acá lo que se hace es que en cinco años se llega al 60% y de ahí no hay ninguna forma para subir. No hay un sistema real de avance que no dependa de que otro gobierno haga una nueva reforma tributaria".
