El Parlamento de Grecia aprobó un proyecto de ley de emergencia que le asegurará seguir recibiendo ayuda financiera de acreedores internacionales hasta por 8.800 millones de euros y allanará el camino para efectuar despidos en el sector público.

La medida, que fue aprobada por votación de 168-123, despeja la vía para los primeros recortes en la nómina del gobierno en más de un siglo.

Unos 2.000 trabajadores del sector público serán despedidos para finales de mayo, otros 2.000 a finales de año y 11.500 más para finales de 2014, para un total de 15.500 plazas laborales eliminadas.

La iniciativa es parte del estricto plan de austeridad de Grecia. La nación helena acordó este mes con los acreedores internacionales "la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional" implementar las medidas como condición para recibir nuevos préstamos de emergencia hasta por 8.800 millones de euros (11.500 millones de dólares).

La permanencia de los empleos del gobierno se ha consagrado en todas las Constituciones desde 1911 como una forma de protección ante los despidos cuando el gobierno cambia de manos.

Para sortear la protección constitucional, la iniciativa estipula que los primeros despidos se harán en dependencias que se desmantelarán o fusionarán. Otra medida también prevé evitar, si fuera necesario, los notoriamente lentos e indulgentes consejos disciplinarios, que se han negado a despedir incluso a personas sentenciadas por cometer delitos. Más de 2.000 casos así están pendientes, casi 600 en apelación.

El sindicato de burócratas, ADEDY, se opuso drásticamente al proyecto y convocó a una protesta afuera del Parlamento. Las autoridades adoptaron estrictas medidas de seguridad, como colocar barricadas en una entrada del Congreso desde del domingo por la mañana, desviar el tráfico vehicular y cerrar una estación del tren subterráneo dos horas antes de que comenzaran las movilizaciones. Al final, llegaron menos de 300 personas.

El proyecto de ley contiene muchas cláusulas no relacionadas, desde el pago de impuestos pendientes y contribuciones a la seguridad social hasta poner fin al monopolio de las panaderías para hornear pan.

Para acortar el debate y presentar la iniciativa, como una especie de voto de confianza, el gobierno juntó 110 páginas de legislación en un solo artículo. El debate en el comité duró un solo día, lo mismo que la discusión en el pleno del Parlamento, a pesar de las protestas de oposición y reclamos de un "golpe parlamentario".