Un incremento salarial superior al solicitado en 2012 buscarán alcanzar este año los trabajadores del sector público. Así lo acordaron este jueves, en una reunión en la que definieron utilizar como referente para el debate el reajuste de 8,8% nominal aplicado en agosto al salario mínimo.
"Ya estamos casi resueltos. La propuesta final será cercana al reajuste de salario mínimo y más alta que el 8,5% que pedimos el año pasado, pero no será una cifra de dos dígitos (...). Hay una decisión de no jugarnos por los dos dígitos", aseguró Esteban Maturana, presidente de la Confederación Nacional de Funcionarios de Salud Municipalizada.
Si bien afirmó que el guarismo aún no está zanjado, Raúl de la Puente, presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (Anef) adelantó que durante la última semana de septiembre esperan entregar el petitorio final al gobierno, y así iniciar la negociación en octubre.
"Estamos analizando cómo está la economía, la situación política, el salario mínimo (...) además, este es un año político y queremos que se considere esa variable", dijo de la Puente. Junto a ello señaló que discuten "solicitar que las remuneraciones más bajas reciban algún plus". El dirigente ejemplificó que el año pasado el sector público pidió "un reajuste general de 8,5% y un 20% de ese porcentaje para las remuneraciones más bajas". Desde la CUT -entidad que coordina la mesa conformada por 14 gremios del sector público- indicaron que "se está pensando en un reajuste de 8,8% en general y de 10% para los salarios más bajos". En la misma línea, agregaron que debido a que probablemente la negociación con el gobierno se llevará a cabo después de las elecciones de noviembre, "no hay ánimo para pedir un aumento de dos dígitos".
"Estamos en un proceso de desaceleración económica, con un precio del cobre ajustado y supuestamente con un presupuesto que va a ser más austero (...). En tales condiciones la posibilidad de poner una cifra de dos dígitos es lejana. No queremos pegarnos un tropezón tan fuerte", reconoció Maturana.
Los dirigentes señalaron que la discusión actual, a nivel del sector público, se ha centrado también en los temas que quedaron pendientes de la negociación anterior, vinculados a las condiciones laborales.
A mediados de agosto, los gremios analizaron pedir al gobierno adelantar la negociación que tradicionalmente se lleva a cabo en noviembre -ya que la ley entra en vigencia el 1 de diciembre- con el objetivo de evitar que coincidiera con las elecciones parlamentarias y presidencial. Sin embargo, la opción fue descartada desde Hacienda. El año pasado, la mesa fue convocada en octubre y la negociación con el Ministerio de Hacienda se extendió hasta fines de noviembre, alcanzando un acuerdo que fijó el alza salarial en 5%.
