Uno de los ministerios que tienen el mayor contacto con gremios y empresas es la cartera de Transportes, debido a que impulsa leyes, concesiona rutas y fiscaliza el cumplimiento de la calidad de los servicios. Esas son algunas de las áreas que deberá tener bajo control la nueva ministra del ramo, Gloria Hutt, quien, a partir de marzo, comenzará a reunirse con los actores del sector, parlamentarios, alcaldes y organizaciones de usuarios.
La ministra, de hecho, deberá enfrentar la implementación del "nuevo Transantiago", en octubre de 2018, que contempla la renovación de la mitad de los contratos del sistema, el ingreso de una nueva flota de buses y la puesta en marcha de un renovado esquema de pago (que privilegia el kilómetro recorrido, en un 70%, y pasajero trasladado, 30%).
Raimundo Cruzat, máster en planificación urbana del MIT y ex coordinador del Transantiago, dice que uno de los desafíos será la fiscalización de lo establecido en los contratos. "Debe resguardarse la calidad del servicio, como la detención en paradas y que haya sanciones e incentivos, para lo cual debe haber un monitoreo", sostiene.
Añade que el próximo gobierno deberá llevar adelante la licitación del componente tecnológico del Transantiago. Al respecto, el experto dijo que uno de los aspectos es que se debería poder utilizar cualquier tipo de tarjeta para pagar el pasaje, ya sea en buses y Metro, sin que necesariamente sea la bip! Añade que la carga debería poder hacerse desde cualquier lugar, sin necesidad de usar un tótem.
Proyectos
También deberá participar de la discusión de los proyectos que están en el Congreso. Un proyecto de ley "complejo", enviado por el actual gobierno y que ahora estará en manos de la próxima administración, es el que regula el funcionamiento de las plataformas de transporte, como Uber.
Ayer, las aplicaciones -que destacaron la amplia experiencia de Hutt en el área- dijeron que esperan el apoyo del Ejecutivo en algunas propuestas. En Uber se señaló que se quiere "avanzar en un diálogo con la cartera, por lo que estamos dispuestos a trabajar en conjunto con la futura ministra".
Se añadió que en la futura ley se debería considerar el uso de vehículos compartidos. "El actual proyecto descarta ese tipo de iniciativas, por lo cual Uber no podría habilitar UberPool en Chile".
La industria también espera que se descarte la fijación de una cuota de automóviles (similar a los taxis).
La firma Cabify, en tanto, planteó una postura similar. Se explicó que no están de acuerdo con la restricción del parque automotor para los vehículos ligados a las aplicaciones. "Es una decisión que está en manos de un panel de expertos y que va en contra de la lógica del mercado. No corresponde limitar la oferta", se afirmó. Ambas compañías esperan que estos puntos se reviertan en el Senado.
Manuel Parraguez, vocero de Easy Taxi, añadió que se debe mantener la idea de que en las plataformas se pague con tarjeta y no con efectivo: "También se busca que continúe la exigencia de que los conductores tengan licencias profesionales".
Otra regulación pendiente es el proyecto de ley que rebaja la velocidad, de 60 km/h a 50 km/h en zonas urbanas, y que ayer pasó al Senado. Franco Basso, investigador del Observatorio de Movilidades de la UDP, dijo que "allí es central la fiscalización, porque de lo contrario la ley no tendrá utilidad". Agregó que el gobierno debería tomar la idea de que las autopistas entreguen información sobre las velocidades a la autoridad para cursar infracciones.
Otro gremio relevante es el camionero, pues traslada un 92% de la carga del país. El sector busca nuevas regulaciones. Sergio Pérez, presidente de la Confederación Nacional del Transporte de Carga de Chile, dijo que hay temas pendientes, como es el caso del registro nacional de camiones, instrumento útil para tener información sobre los conductores o el tipo de vehículo que hay en el parque.
El dirigente también dijo que otro tema relevante es la regulación de las horas de trabajo de los camioneros, pues "hoy no se cumple".