"¿Estamos en una cueva de ladrones como para que se requiera un fiscalizador por cada 22 parlamentarios? ¡Por favor! ¡De qué estamos hablando!". Las efusivas palabras se escucharon hace un par de semanas, durante la segunda sesión de la Comisión Mixta de Presupuesto, efectuada en dependencias del Senado, en Valparaíso.

Se discutía la partida del Congreso Nacional y el senador Hosaín Sabag (DC) había solicitado la palabra para fundamentar una polémica indicación que había presentado junto a su par RN Antonio Horvath con un solo propósito: suprimir el financiamiento del Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias.

La idea activó de inmediato una soterrada pugna en el Parlamento, que mantiene tensionados los ánimos entre altos funcionarios del Congreso y algunos parlamentarios hasta el día de hoy. Los senadores buscaban poner fin al funcionamiento de uno de los dos órganos creados por la nueva Ley Orgánica del Congreso para mejorar la transparencia de la labor legislativa -el otro es el Comité de Auditorías-, y que tiene entre sus funciones regular el sistema de asignaciones de los parlamentarios.

El senador RN por Aysén fue claro y preciso en sus argumentos para presentar la indicación: "Sus integrantes ya cumplieron su función y lo que correspondería ahora es reforzar las auditorías".

El parlamentario se refería a la resolución definitiva que el consejo emitió hace unos meses, en la que fijó los criterios que deben adoptar tanto senadores como diputados a la hora de administrar los recursos disponibles para su función.

Con la indicación sobre la mesa, los ánimos se crisparon en la comisión mixta. Los senadores Andrés Zaldívar (DC), Jovino Novoa (UDI) y el diputado Pepe Auth (PPD), defendieron la competencia de la instancia.

"Una medida como esta profundizaría nuestro desprestigio como órgano de representación popular", dijo Auth.

Finalmente, los senadores retiraron la indicación y se aprobaron los recursos para el consejo. Pero el debate ya estaba instalado.

Frente al episodio, el presidente y vocero de la instancia, el ex senador DC, Sergio Páez, convocó a una reunión extraordinaria del consejo.

En la cita que se desarrolló el 23 de noviembre en el ex Congreso Nacional en Santiago, el ex rector de la Universidad de Chile, Luis Riveros; el ex presidente del Banco Central, Vittorio Corbo; el ex director de Presupuesto, Alberto Arenas, y el ex diputado UDI, Andrés Egaña, le pidieron explicaciones a Páez y manifestaron su molestia por la situación.

Incluso, según comentan en el Congreso, los integrantes habrían considerado presentar su renuncia a la instancia, debido a los cuestionamientos planteados por los senadores.

Tanto escaló el episodio que el tema fue abordado en sucesivas sesiones de la comisión de Régimen Interior de la Cámara Alta.

Fue allí donde el senador independiente Carlos Cantero, otro de los que ha cuestionado la permanencia del consejo, solicitó a la comisión informar el costo de mantener al organismo y especificar sus funciones. "Queremos saber su función específica, porque el tema de las asignaciones ya lo resolvieron. Si ahora me dicen que están para resolver dudas de los parlamentarios, me parece un disparate gastar mil millones, como dicen que cuesta", explicó Cantero.

Más allá del presupuesto destinado a la entidad, según explican en el Senado, el tema que divide a los senadores es la resolución emitida por la instancia en relación con la administración de las asignaciones.

El propio Sabag, junto a senadores de todos los partidos, ha liderado los cuestionamientos a la decisión del consejo de quitarle a los senadores la atribución de contratar directamente a su personal.

Los consejeros decidieron que las contrataciones las debe hacer el Senado como corporación, régimen que entra en vigencia a partir de enero próximo y al que varios se resisten en la Cámara Alta.

"Los parlamentarios estimamos que nosotros tenemos la facultad de decidir el sistema de contratación", explica Sabag.

Los reclamos incluso han llegado hasta los titulares de ambas Cámaras, quienes en privado han respaldado la función del organismo.

Enfrentando directamente la polémica, Páez dijo a La Tercera que el mandato del consejo sigue vigente hasta que no se modifique por ley. "Lo que decide el consejo es definitivo. Si ellos quieren suprimirnos, que lo hagan y nos vamos. Pero fueron ellos quienes nos convocaron para evitar líos con el uso de los recursos fiscales", dijo.