Un grupo de 76 sicólogos manifestó su preocupación por el modo en que el Estado ha enfrentado las reivindicaciones de la etnia mapuche.

A través de una declaración pública, los profesionales explican que -a su juicio- no se ha aplicado una política de diálogo, convivencia y efectiva participación frente a las demandas por espacios y territorios en los cuales preservar su cultura y tradiciones.

Agregan en el documento que justamente este no reconocimiento de la diferencia cultural, política y económica explica la férrea defensa de sus comunidades por estas cuestiones.

"Más grave aún, observamos que la nación mapuche se ha constituido en un sujeto colectivo jurídico particular, por cuanto en el contexto de la era post-dictatorial se le aplica indiscriminadamente la ley antiterrorista, elaborada bajo la dictadura militar", reseña el texto.

En ese sentido, menciona la declaración que "sobre este particular se han pronunciado diversos organismos de Naciones Unidas, tales como el Relator Especial para los Derechos Indígenas (2003), el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU (2004) y el Comité de Derechos Humanos de la misma entidad (2007)".

Desde el punto de vista de la sicología, sostienen es sabido que ciertas formas de gobierno "por acción u omisión pueden construir y legitimar o, en casos como el de Chile, reactualizar condiciones propicias para el aprendizaje de comportamientos sociales de apatía y conformismo basadas en el autoritarismo, por lo que queda la puerta abierta para calificar, a parte de ellas, como sedimentos institucionales o remanentes  de formas de terrorismo de Estado, que son extrañas a los procesos de democratización".

Adicionalmente, comentan los sicólogos esto está demostrado en estudios socioculturales. Desde un punto de vista discursivo, llamaron la atención sobre el "tratamiento deshumanizado" que se está dando a la situación de los comuneros quienes hoy cumplen 67 días en huelga de hambre.

Junto con ello, expresan existe -en su opinión- "falta de interés para constituir una mesa de diálogo y una institucionalidad que tenga su origen en el reconocimiento anterior de la otredad mapuche a su dignidad y forma de vida y por tanto al derecho a decidir de manera significativa sobre el modo en que será gobernado".