Al menos una vez al mes viajaba Robert Mayne Nicholls, gerente general de Twin Metals, a Estados Unidos, en específico a Minnesota, lugar donde la minera del grupo Luksic, Antofagasta Minerals, espera desarrollar su nueva apuesta internacional tras el fallido Reko Diq, proyecto que la compañía intentó desarrollar en Pakistán.
Se trata de Twin Metals, proyecto de cobre y níquel que se ubicaría en las cercanías de lo que en esa ciudad denominan "la joya de la corona de Minnesota", el refugio medioambiental Boundary Waters Canoe (BWCA ) y el Parque Nacional Voyageur, zonas calificadas como una de las últimas áreas silvestres de la nación. El lugar cuenta con 450.000 kilómetros cuadrados de lagos y bosques en el norte de Minnesota, cerca de la frontera con Canadá, y está protegida desde 1926.
Y fue su excepcionalidad la que hizo que en marzo de 2016, previo al término del gobierno de Barack Obama, la oficina que administra las tierras en Minnesota negara la renovación de dos concesiones mineras que forman parte del proyecto y que habían sido autorizadas originalmente en 1966. La decisión luego fue ratificada por el Servicio Forestal Federal de Estados Unidos, en diciembre de ese año, iniciando un conflicto que incluso motivó que la minera presentara una denuncia en la corte distrital de Minnesota contra varios organismos de la administración federal de EE.UU. para asegurar sus licencias mineras.
Pero a fines de 2017, Donald Trump revirtió la regulación impulsada por Obama y desbloqueó la autorización. Con eso, hoy la minera nuevamente da luz verde al proyecto, cuya puesta en marcha se proyecta para la segunda mitad de la próxima década.
"De acuerdo a nuestro programa, esperamos poder presentar a tramitación ambiental el proyecto el año 2019. Dado lo anterior, debiésemos tener los permisos ambientales hacia el año 2024 y comenzar posteriormente su construcción", detalla Iván Arriagada, presidente ejecutivo de Antofagasta Minerals.
Rebelión ambiental
Pero lograr ese vuelco no fue una tarea fácil. La minera se reunió en muchas oportunidades con las autoridades de la zona, con el objetivo de manifestar el "error jurídico" que había cometido Estados Unidos en la forma en que se había interpretado el contrato de las licencias mineras.
El propio Mayne Nichols, gerente general de Pelambres hasta marzo del año pasado, también cumplió un rol relevante, indican fuentes de la empresa, pues contribuyó al acercamiento con los distintos grupos que apoyan el proyecto, incluso participó en audiencias públicas en algunas comunidades.
También la oficina de Antofagasta Minerals en Toronto, donde se centralizó el trabajo de los equipos legales, de asuntos de gobierno y comunicaciones durante todo el proceso de renovación de las licencias.
Y fue en esas discusiones donde Twin Metals se enfrentó a una de las ambientalistas más fuertes en Estados Unidos. Se trata de Becky Rom, abogada, activista de Boundary Waters y nativa de Ely, localidad denominada la puerta de acceso a BWCA . De hecho, es conocida su fotografia, tomada el año 2016, sentada en el borde de Birch Lake, en las cercanías de BWCA, mostrando las bondades de la reserva natural.
Ella fue una vocera tenaz en la discusión que se generó cuando el integrante de la Cámara de Representantes de Estados Unidos y ex candidato a gobernador por Minnesota, Tom Emmer, presentó en julio de 2017 un proyecto de ley que ayudó a Twin Metals y que fue calificado como un "peligro" para Boundary Waters Wilderness, iniciativa que finalmente fue aprobada y que generó el cambio de Donald Trump
"Este proyecto de ley eliminaría la oportunidad para que la opinión del público decida y le da luz verde a un conglomerado extranjero para destruir el área silvestre más visitada de Estados Unidos", indicó Becky Rom en la oportunidad.
Cero impacto
Pero la minera está adecuando la forma de realizar la actividad minera con la finalidad de generar el menor impacto posible en la zona. De hecho, Mayne Nichols, gerente del proyecto en Minnesota, explica que las decisiones que se han tomado en la etapa de ingeniería del proyecto consideran la no generación de impactos sobre la zona protegida, variable calificada como la más importante. "Hemos definido el método de explotación sin afectar la superficie de la zona", dice.
En este sentido, explica, por ejemplo, que se disminuirá a la mitad la depositación de relaves en la superficie y que el tranque se ubicará a una distancia tal que "no impactará de ninguna manera a las áreas protegidas", destaca.
Hasta la fecha, la minera ha invertido US$ 400 millones y durante los próximos años, el presupuesto contempla un gasto del orden de US$ 20 millones anuales. En tanto, para la etapa de construcción se estima una inversión de US$ 1.000 millones.
