La oposición venezolana desafía este martes al  gobierno con una marcha sin autorización por el centro de Caracas, en la que un  dirigente opositor prófugo de la justicia prometió entregarse.  

Tras dos semanas de protestas estudiantiles a las que se sumaron sectores  de la oposición y que el miércoles pasado dejaron tres muertos y decenas de  heridos, la manifestación marchará al finalizar la mañana desde el opositor  sector de Chacao al Ministerio de Justicia, ubicado en Libertador, un feudo  chavista.

Pero el gobierno advirtió que la protesta carece de permiso y anunció además dos actos para el martes en el mismo sector, un concierto por la paz en  Plaza Venezuela y una marcha de trabajadores petroleros hacia el Palacio de  Miraflores, en la que participará el presidente Nicolás Maduro, que califica  las manifestaciones opositoras como un "golpe de Estado en desarrollo".

El lunes, ambas partes se reprocharon la temeridad de convocar dos marchas  que podrían encontrarse, en este país altamente polarizado que tiene todavía  muy presente los hechos de abril de 2002, cuando una manifestación opositora  hacia el palacio presidencial derivó en un sangriento golpe de estado que  derrocó brevemente al entonces presidente Hugo Chávez.

En su nuevo programa nocturno por la televisión oficial, el presidente de  la Asamblea Nacional y número dos del chavismo, Diosdado Cabello, aseguró: "Ni  una sola marcha opositora va a entrar a territorio del municipio Libertador. No  van a pasar. No está autorizada".

"El estado es el primero que debe garantizar que esto se dé de la mejor  manera", replicó Carlos Vecchio, coordinador político de Voluntad Popular, cuyo  líder Leopoldo López es el promotor de la marcha opositora.

PROFUGO DE LA JUSTICIA
López, un joven economista educado en Harvard y con una dilatada carrera  política, está oculto desde que el gobierno emitió la semana pasada una orden  de captura por los desmanes, pero el domingo difundió un video en el que  prometió entregarse a las autoridades durante la marcha.

"Si hay alguna decisión de ilegalmente meterme preso, pues allí estaré para  asumir esa persecución", dijo el líder de Voluntad Popular, cuya sede fue  allanada este lunes.

"Vayamos todos vestidos de blanco para significar nuestro compromiso con la  paz. Los invitaré a caminar hasta un punto y de allí en adelante iré yo solo.  No quiero que se exponga la vida (...) de ningún compatriota", agregó.

Él y otros dirigentes impulsan bajo la consigna "La salida" la táctica de  ocupar las calles para oponerse al gobierno de Maduro, electo en abril de 2013,  y forzar un "cambio constitucional" pese a que no puede haber un referendo  revocatorio del mandato presidencial hasta abril de 2016.

Aunque esta táctica ha generado posiciones encontradas en el seno de la  coalición opositora que se formó en 2012 para derrotar a Hugo Chávez en octubre  de ese año, su líder y excandidato presidencial, Henrique Capriles, aseguró que  participará en la marcha del martes.

"Podemos tener diferencias pero somos solidarios", dijo a una radio local  el joven gobernador de Miranda (norte), que sostiene "que las condiciones no  están dadas" para "la salida" del gobierno de Maduro, a pesar de los altos  niveles de inseguridad, inflación y escasez de productos básicos que sufren los  venezolanos.

EN LA MIRA INTERNACIONAL
La tensión por las marchas estudiantiles que se suceden a diario en Caracas  y otros puntos del país -la mayoría pacíficas, aunque algunas degeneraron de  disturbios nocturnos-- ha puesto de nuevo al país petrolero en el punto de mira  de la comunidad internacional.

Varios gobernantes de la región han cerrado filas con Maduro, mientras  organizaciones internacionales como Celac y Unasur y países como México y  Panamá exhortaron a resolver las diferencias mediante el diálogo.

En un nuevo episodio en sus difíciles relaciones con Estados Unidos, Maduro  anunció el domingo la expulsión de tres funcionarios consulares  estadounidenses, a los que imputó por reunirse con universitarios, y acusó al  país norteamericano de injerencia en los asuntos internos de Venezuela.

La portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki, calificó de "falsas y  sin sustento" las acusaciones de Venezuela sobre Estados Unidos, su primer  socio comercial.