Los Guerreros Unidos, el grupo acusado de atacar junto a policías cooptados a los 43 estudiantes desaparecidos en México,  es una de las pequeñas asociaciones criminales surgidas del debilitamiento de los grandes cárteles que están sembrando el terror entre la población con secuestros y extorsiones.

"Son básicamente sicarios de entre 16 y 25 años, remanentes de otros grandes cárteles, que mantienen sus armas y conocen el modus operandi" del crimen organizado, dijo a la AFP Raúl Benítez Manaut, experto en seguridad de  la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM, pública).

La extorsión y el secuestro son delitos preferentes de este 'mini' cartel, que opera en el norte de la región de Guerrero (sur) -donde se encuentra  Iguala, la ciudad en la que fueron atacados los estudiantes- en el sur de  Morelos (centro) y en parte del estado de México, que rodea la capital.

Sin embargo, las autoridades también les atribuyen una presencia en el  mercado de tráfico de drogas mexicano.

Los Guerreros Unidos "se dedican principalmente al narcotráfico,  particularmente de amapola y marihuana, hacia los Estados Unidos. Esta banda  era la principal proveedora de droga para el mercado de Chicago", destacó el comisionado nacional de seguridad, Monte Alejandro Rubido, en un encuentro con  prensa extranjera.

Esta organización empezó a cobrar fuerza en 2011 como una escisión del cártel de los hermanos Beltrán Leyva, golpeado por el abatimiento de su líder,  Arturo, apodado "El jefe de jefes", en 2009 y la captura al año siguiente de  sus importantes operadores "La Barbie" y "El Indio".

Tras la detención en mayo de Mario "El Sapo Guapo" Casarrubias, ex miembro  de seguridad de los Beltrán Leyva y presunto fundador de Guerreros Unidos, el  grupo se quedó sin un jefe claro y su actividad está fragmentada, señaló  Rubido.

Sin embargo, el gobierno de Guerrero atribuyó el liderazgo a un criminal  del que solo se conoce el apodo de "El Chucky".

Este cabecilla es quien presuntamente ordenó la captura y asesinato de al menos 17 estudiantes de los 43 estudiantes que desaparecieron el pasado 26 de  septiembre después de ser baleados por sicarios de Guerreros Unidos y policías de Iguala.

Este poder de infiltración entre autoridades locales es uno de los motivos que el gobierno ve para el avance territorial que ha logrado el cártel, sumado a los golpes que las fuerzas de seguridad han dado a Los Rojos, la organización  con la que e disputaban el control de Guerrero. 

"Antes era una banda que no nos significaba un mayor problema, una banda  muy reducida en territorio", señaló el fiscal general, Jesús Murillo Karam, en  el encuentro con medios.

La vinculación del cártel con las autoridades locales "forma parte de su modus operandi, les sirve para tener protección sin ser molestados", resume  Manaut.