En el sexto piso de un edificio en calle Huérfanos, en pleno centro de Santiago, se encuentra la oficina del ex fiscal nacional Guillermo Piedrabuena. En 1999 fue elegido como el primer fiscal nacional, con la tarea de poner en marcha el Ministerio Público en todo el país. Sin embargo, los primeros dos meses de su mandato no los realizó en ningún edificio institucional, sino que en su propia oficina particular. Una muestra, dice, de lo precario que fueron los inicios de la fiscalía. En conversación con La Tercera, Piedrabuena -hoy docente de Derecho en la Universidad Católica- reveló inéditos detalles de los primeros años del Ministerio Público y las diversas dificultades que tuvo que sortear.

¿Cómo se gestó la nueva justicia en el país?

Había, de hace décadas, un gran descontento contra el sistema procesal penal, con los juzgados del crimen. Se había intentado, desde la década del 60, introducir reformas profundas que no prosperaron. El sistema siguió empeorando. En los 80 se hicieron unas modificaciones, pero ya era tarde. El sistema en que el juez investigaba y fallaba ya casi no existía en el mundo. Se aconsejaba que existiera un órgano investigador y un juez que fallara.

¿Estaban todos los sectores de acuerdo con esta reforma?

Este proyecto trajo apoyo de parlamentarios de todos los sectores. De los de izquierda, porque consideraban que el sistema de justicia criminal no había sido eficaz en el período del gobierno militar. De parte de los parlamentarios de derecha también tuvo apoyo, porque se les aseguró que el sistema era eficaz en el combate contra la delincuencia y defender la seguridad de los ciudadanos.

¿Cómo fueron los primeros pasos de la fiscalía?

Cuando empecé, los recursos habían sido muy escasos. Tanto, que no sabía cómo nombrar los fiscales y prepararlos. La respuesta de Hacienda fue nómbrelos con un mes de anticipación y así alcanza la plata. Al final, el director de Presupuesto sacó un poco más de plata, pero no se lograron todos los cupos. No teníamos inmuebles, por lo que había que arrendar. Me prestaron algunos salones en el Club de la Unión, en el Colegio de Abogados. A fines de enero (de 2000) ya pudimos arrendar.

¿Los edificios que albergarían los fiscales estuvieron a tiempo?

Fueron un problema las construcciones atrasadas. Especialmente traumático fue lo del Centro de Justicia. Cuando lo inauguraron, en junio de 2005, estaba en plena construcción. En el acto, en que estaba el Presidente de la República, se escuchaban martillazos.

¿Cuáles fueron las principales ocupaciones en su período?

Mi período, hasta 2005, estuvo centrado en nombramientos, instalación de fiscalías, normalización de relaciones con policías y jueces, además de otros procesos.

¿Cómo tomaron los jueces que se les quitara la facultad de investigar los delitos?

Estos cambios fueron mirados con gran reserva y muchas veces con oposición, porque, según lo que entendían algunos miembros de la Corte Suprema y las cortes de Apelaciones, incluso puede que algunos hoy lo sostengan, el problema de la justicia chilena era que no les habían dado recursos suficientes. Decían que se iba a crear un monstruo muy dispendioso, y que lo mejor era darles a ellos más dinero. El Parlamento optó por aprobar el proyecto que creaba el Ministerio Público.

¿Cómo fue la relación con la judicatura?

Las relaciones con el Poder Judicial fueron difíciles. Sentí que no aceptaban que existiera este organismo que les arrebatara la facultad de investigar penalmente. Yo diría que a los cinco años las relaciones se afiataron, pero se perdió tiempo en suavizar asperezas. Un juez, por ejemplo, ordenó la detención de un fiscal. El fiscal estaba pidiendo audiencia de formalización y el juez pidió los antecedentes para ver si se justificaba la formalización. Como el fiscal le dijo que no podía hacer eso, se ordenó su detención. Tuvimos que recurrir de amparo ante la Corte de La Serena. Algunos jueces también pedían a la Corte Suprema medidas disciplinarias contra los fiscales.

¿Y cómo tomaron estos cambios las policías?

Hubo policías que hicieron esfuerzos para asimilar el nuevo sistema. Para Carabineros fue más difícil. Por ejemplo, en La Serena, escuchamos a víctimas que iban a Carabineros a denunciar y les respondían que no perdieran el tiempo, porque no les iban a investigar esto. Hubo intensas reuniones y salieron soluciones razonables.

¿Qué causas complejas de su período recuerda?

El más complicado y con más repercusión fue el caso Lavandero. Fue una experiencia muy difícil, muy traumática, porque el parlamentario tenía mucho poder. Hasta el día hoy hay algunos de sus conocidos que estiman que no cometió ningún delito. Tuvo excelentes abogados y el tema siempre aparecía en la prensa. Yo no tomé el caso, porque había que investigar en Temuco, y designé a una persona que era excelente investigador (Xavier Armendáriz). Fue para allá y en pocos días armó todas las piezas necesarias. Encontró a las menores y reunió una acusación de abuso contra cuatro.

¿Recuerda otros casos?

También tuvimos dificultades con autoridades de la Iglesia. Tuvimos un sacerdote franciscano en la IX Región que habría abusado de un acólito y la solución de la Iglesia en ese tiempo fue mandarlo a estudiar y reflexionar afuera. Eso lo sustrajo de la acción de la justicia y el fiscal fue débil al permitir eso. Después, en Rancagua, tenían un hogar para discapacitados mentales y abusaban de éstos. Siempre había una tendencia de que se fueran a estudiar afuera, para quitar el escándalo, pero ahí dijimos que no y lo condenamos a 15 años.