En medio de la investigación de la fiscalía Centro Norte por el caso en el que está envuelto el Ministerio de Vivienda con la constructora Kodama, a raíz de la construcción de un corredor para el Transantiago, ayer se sumaron dos nuevos flancos que deberá enfrentar la cartera que dirige Magdalena Matte.

Al anuncio de los diputados PS respecto a que presentarán una querella por "contrato ficticio o simulado" en contra de quienes resulten responsables, se sumó el anuncio de la bancada DC, que propondrá al resto de los partidos de la Concertación el establecimiento de una comisión investigadora. El diputado Juan Carlos Latorre -promotor de la instancia junto a su par Roberto León- dijo ayer que, independiente del curso legal de la indagatoria, "nosotros en la Cámara vamos a exigir que esto se investigue al detalle, por las responsabilidades políticas".

Al respecto, el diputado UDI Gustavo Hasbún comentó hoy esta posibilidad y apoyó -aunque con matices- la ofensiva fiscalizadora de la Democracia Cristiana.

"No me niego a una comisión investigadora", dijo a La Tercera el parlamentario. En ese sentido, sostuvo que "todo lo que se haga en son de la transparencia y la probidad administrativa me parece razonable".

Sin embargo, Hasbún aclaró que "hay que estudiar muy bien los antecedentes, no es llegar y sacar conclusiones a priori". Y agregó: "Antes de pedir la comisión investigadora, esperaría las conclusiones de la Contraloría".

En esa misma línea, afirmó que "si no existen faltas administrativas, no hay responsabilidades políticas", aspecto que constituye el principal objetivo de la instancia anunciada por la DC.

Finalmente, el diputado gremialista dijo que "lo que me parece más grave es la presión del asesor de la ministra (Alvaro Baeza), que presiona al subdirector jurídico del Serviu (Rafael Marambio); hay que determinar si existió esa presión". Esto, luego que Marambio declarara ante la Contraloría que Baeza lo presionó para que firmara el documento que autorizaba el pago a Kodama.

El caso tiene su origen en la demanda de la empresa constructora por $41 mil millones extra al costo estipulado para un corredor del Transantiago en la comuna de Pedro Aguirre Cerda. Esto, por demoras e inconvenientes para concretar la construcción del corredor, por razones no atribuibles a la compañía.

Si bien en un principio el Serviu metropolitano llegó a un acuerdo con la empresa -visado por tribunales- para realizar un pago de $17 mil millones por los supuestos costos extra en los que debió incurrir la empresa, posteriormente el Minvu decidió suspender ese pago, a la espera de más antecedentes.

El caso es investigado pro el fiscal José Morales, quien citó a declarar ayer al subsecretario de Vivienda, Andrés Iacobelli. Esto se da luego que se incautaran algunos computadores desde las oficinas del Serviu y la cartera de Vivienda, después que la ministra Matte presentara -la semana pasada- los antecedentes del caso al Ministerio Público.

Hoy, en tanto, la secretaria de Estado dijo a El Mostrador que "quiero que se investigue hasta las últimas consecuencias; transparencia total, caiga quien caiga".