Como si el desabastecimiento de productos básicos, su enfrentamiento cada vez más radical con la oposición y las sanciones impuestas por la Casa Blanca -por considerar a Venezuela una "amenaza a la seguridad nacional"- no fueran suficientes, el Presidente Nicolás Maduro podría sumar un nuevo frente de conflicto para su gobierno. La disputa que mantiene con la vecina Guyana por la exploración petrolera en una zona marítima que Caracas reclama como suya, amenaza ahora con llegar a la Corte Internacional de Justicia de La Haya. A juicio de los analistas venezolanos, se trata de un escenario que "no le conviene para nada" al país.
Las tensiones entre Caracas y Georgetown se encendieron luego de que este mes la compañía petrolera estadounidense Exxon Mobil -con acuerdo del gobierno de Guyana- iniciara sus operaciones de extracción en aguas del campo Bloque Stabroek, que se encuentra en la cuenca entre Guyana y Surinam, reconocida por el Servicio Geológico de EE.UU. como la segunda mayor área del mundo con petróleo sin explorar. A través de un comunicado, la Cancillería de Guyana le exigió a Venezuela que "desista de interferir" en sus esfuerzos de exploración petrolífera.
La advertencia tuvo lugar después de que el Ministerio de RR.EE. de Venezuela expresara su oposición al envío de equipamiento para la exploración petrolífera en aguas que considera de su territorio. El gobierno de Maduro reiteró su protesta de que estos trabajos de exploración no le fueran informados previamente y denunció que se trató de una acción "unilateral" por parte de Guyana.
El problema es que el campo Bloque Stabroek se ubica en la llamada Guayana Esequiba, un territorio de más de 159.000 km2, que ambos países se disputan desde el siglo XIX. Producto de ello, también mantienen desde hace décadas sus diferencias por el límite exacto de la soberanía de sus aguas.
Georgetown sostiene que el laudo arbitral de París de 1899, que falló a favor de Reino Unido, que entonces controlaba Guyana, estableció las fronteras entre ambos países. Sin embargo, desde entonces Venezuela denunció irregularidades y logró en 1966 la firma del Acuerdo de Ginebra, que impide a Guyana ejecutar cualquier acción en el territorio mientras se dirime el diferendo. Así, el asunto fue referido al secretario general de la ONU para que explorara formas de encontrar una solución pacífica.
Al respecto, el diario venezolano El Universal asegura que el gobierno de Guyana tiene un "objetivo estratégico" sobre Venezuela: que la controversia con el país en materia territorial termine en los pasillos de la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ). En efecto, Carolyn Rodrigues Birkett, ministra de Asuntos Exteriores de Guyana, dijo en diciembre que su gobierno estudia una solución judicial para resolver su disputa fronteriza con Venezuela y espera tomar una decisión definitiva en 2015. "Debemos buscar nuevas opciones", afirmó la ministra tras referirse al lento proceso que encabeza Naciones Unidas en busca de una solución desde hace 20 años. Según Rodrigues Birkett, si Guyana decide emprender una acción judicial lo hará vía La Haya.
Si Guyana cumple con su advertencia de llevar su reclamo ante La Haya, El Universal advierte que allí Venezuela "tiene mucho que perder. "Arriesga no sólo soberanía, sino poderosos intereses pesqueros y energéticos en zonas donde el petróleo abunda", asegura el periódico venezolano. Lo mismo piensa el analista internacional Emilio Figueredo, quien fuera embajador de Venezuela para la aplicación del Acuerdo de Ginebra de 1966, desde 1984 a 1996. Según Figueredo, a su país "no le conviene bajo ningún respeto ir a la CIJ".
Para el ex embajador venezolano Sadio Garavini la situación se complica para Maduro. "La mala relación y la hostilidad que el gobierno de Venezuela ha tenido con Estados Unidos ha hecho que el gobierno norteamericano, a través de su encargado de Negocios en Guyana, haya manifestado que reconoce el derecho de ese país de explorar su plataforma continental y que darían apoyo a la Exxon en su exploración", explicó al portal PanAm Post.