Redefinir estrategias

Por Héctor Sánchez, Director Instituto Salud Pública U. Andrés Bello

El sistema de salud debe enfrentar los desafíos del envejecimiento, del perfil epidemiológico, del aumento de los costos y del mejoramiento de los niveles educacionales de la población. El índice de envejecimiento se ha duplicado en los últimos 20 años y el índice de dependencia ha aumentado un 43% en igual período, lo que implica un gran desafío para la economía del país y para financiar los sistemas de seguridad social, ya que por mayores costos a lo menos nueve deciles de la población deberán contar en los próximos 20 años con importante subsidio fiscal para acceder a un sistema de salud digno.

Producto del envejecimiento, la insuficiencia de políticas públicas para controlar las enfermedades crónicas y equivocados modelos de atención y financiamiento, se deberá enfrentar una creciente demanda, lo que hará redefinir estrategias para atender las necesidades de la población,  que exigirá replantear el sistema para lograr mayores niveles de costo efectividad.

El financiamiento, acceso y los resultados que la población obtiene en salud en función del ingreso, nos coloca dentro de las naciones con mayores niveles de inequidad entre los países de ingresos medios, lo que nos impone un gran desafío para lograr y distribuir los recursos financieros necesarios para mejorar la situación de los más pobres, viejos y enfermos.

Los altos niveles de educación alcanzados por la población plantea al sistema de salud privado y público nuevos estándares; al privado en ámbitos de derechos, garantías, eficiencia, simetría en información y fijación de precios. Al público en los términos de acceso y calidad de  los servicios que otorga , lo que no se resuelve sólo con más recursos e inversiones, ya que está demostrado que al crecer el gasto en un 9% anual por más de 10 años, no ha generado una mejoría en los niveles de salud y en la percepción de calidad de servicios.

Este conjunto de desafíos nos plantea inquietud respecto de las propuestas de reforma que se han conocido, que abordan el financiamiento de la salud y al sistema isapre y que, aunque estén en la línea correcta, son insuficientes. Es imposible abordar otra reforma estructural sectorial, pero es necesario disponer de una visión de lo que se requiere para enfrentar los problemas de salud de la población en un horizonte de al menos 20-30 años  y definir los pilares valóricos, conceptuales y técnicos  que regirán al nuevo sistema. La reforma a isapres debe ser la primera fase de una gran reforma que demorará, como las anteriores, al menos una década. Mantener el equilibrio para resolver los problemas urgentes y definir las orientaciones de largo plazo, sin apurarse en definir organización y estructuras "del futuro", puede ser la llave para destrabar desacuerdos que cruzan a nuestro país y la comisión de expertos nombrada por la Presidenta de la República.

Mejorar la equidad

Por Oscar Arteaga, Director Escuela Salud Pública de la U. de Chile

La historia de Chile en materia de salud es una trayectoria que no puede sino evaluarse como exitosa. Si en 1940 la mortalidad alcanzaba 21,3 fallecidos por mil habitantes, hoy se ha reducido a 5,4; la esperanza de vida que llegaba a 40,6 años para los hombres y 43,1 años para las mujeres, ha aumentado a 76,1 años y 82,2 años, respectivamente.

Sin embargo, las necesidades en salud siguen siendo parte de los desafíos del país. El envejecimiento y su impacto en el nivel de salud de la población, así como las enfermedades crónicas, son algunas de las principales. Las malas condiciones en las que viven los adultos mayores -por ejemplo, que sólo el 50% tenga acceso a agua caliente- no puede seguir esperando.

Los desafíos están también en las respuestas del sistema de salud. Allí, la prioridad es un sistema de seguridad social único, que integre a toda la población. A esta altura de nuestro desarrollo no es aceptable mantener un sistema para pobres y otro para ricos, ni que continuemos con el modelo de isapres, instituciones privadas que administran un seguro de naturaleza social y que discriminan por riesgo de salud e ingreso. Necesitamos avanzar a un  arreglo de seguridad social que descanse en la solidaridad.

Nuestro sistema de atención de salud no es mixto, como suele describirse. Las 6.292 camas que constituyen la oferta asistencial de las 83 clínicas privadas que existen en Chile, sólo contribuyen con un 16% al total de 39.500 camas que tiene el país. A nivel de atención ambulatoria, los prestadores privados sólo entregan anualmente un tercio de los 75 millones de atenciones del total. Habrá que convenir, entonces, que el sistema de salud es básicamente público y que el desafío es, por lo tanto, cómo lo fortalecemos y modernizamos.

Si aceptamos que nuestro estándar es la Ocde, las brechas de recursos humanos en salud son enormes, aunque se consideren en conjunto los sectores público y privado. Ello implica que debemos plantearnos políticas de Estado que, en un acuerdo con las universidades, permitan establecer un plan para reducir esas brechas en horizontes de tiempo razonables.

La salud de los trabajadores es un ámbito de preocupación especial. En 2010, la industria minera fue responsable de más del  22% del PIB en Chile, con más de 50% de las exportaciones y un tercio de los ingresos del Estado por impuestos. Pero el cuidado de los trabajadores no avanza a igual velocidad:  si bien la silicosis ha sido la enfermedad ocupacional más importante en Chile en los últimos 50 años, su magnitud es aún desconocida.

El desafío mayor que subyace en la situación de salud del país es la inequidad, que se expresa en una desigual distribución de la carga de enfermedad y acceso al sistema de salud. El camino al pleno desarrollo nos exige terminar la discriminación y fortalecer la necesaria cohesión social. Ya es hora que como sociedad, entre todos, nos hagamos cargo de esta tarea.