En línea con lo dispuesto por la Ley N°20.128 de Responsabilidad Fiscal, ayer fue publicado en el Diario Oficial, tras su toma de razón por parte de la Contraloría General de la República, el Decreto N°892 del Ministerio de Hacienda que establece las bases de la política fiscal para la administración de la Presidenta Michelle Bachelet.

Dicho decreto señala que "la política fiscal que se llevará a cabo durante la presente administración presidencial tendrá por objetivo contribuir a la estabilidad macroeconómica del país y a proveer de manera eficiente y eficaz bienes públicos que incrementen las oportunidades y la protección social de los ciudadanos".

Respecto de la meta de balance estructural señala que, considerando la situación de déficit fiscal con que terminó la administración anterior, la actual "se ha fijado como meta fiscal converger gradualmente a una situación de balance estructural en 2018, equivalente a cero por ciento del Producto Interno Bruto anual". Pero explicita que "esta meta es condicional a la oportuna aprobación e implementación del proyecto de Ley de Reforma Tributaria (Mensaje N° 24-362)", actualmente en trámite en la comisión de Hacienda del Senado, la que "generará los ingresos fiscales necesarios para cumplir con la pre citada convergencia".

El decreto agrega que la política "garantizará un desempeño fiscal responsable, manteniendo la acción del Estado sobre bases financieras sólidas y sostenibles en el tiempo" y pondrá énfasis en "la prudencia presupuestaria y en el manejo responsable de la deuda pública y de los activos financieros del Tesoro Público, así como en el uso eficiente de los recursos públicos y en la transparencia y rendición de cuentas" de los mismos.

La política fiscal que se llevará a cabo durante la presente administración ratifica su compromiso con el concepto de balance estructural, excluyendo el efecto cíclico sobre las finanzas públicas de las fluctuaciones de la actividad económica, del precio del cobre "y de otros factores de similar naturaleza", detalla el decreto.

Además, como una forma de garantizar la transparencia y el uso eficiente de los recursos, "se profundizará la evaluación de calidad y el impacto público de los programas y de los proyectos de inversión, a la vez que se privilegiará el uso de indicadores de desempeño y balances de gestión".

También, "se continuarán perfeccionando los mecanismos de información sobre la gestión y la rendición de cuentas ante la ciudadanía".