A fines de marzo, el gobierno ingresó el proyecto de ley de factura electrónica, que entre sus puntos centrales considera una rebaja de 0,4% a 0,2% en el impuesto de timbres y estampillas, que grava las operaciones de crédito en dinero. Aunque en julio la Cámara de Diputados aprobó el texto en su totalidad, éste se entrampó en el Senado por la negativa de la oposición a aprobar la disminución del mencionado tributo. La iniciativa se verá nuevamente este martes.

El principal argumento de los parlamentarios opositores apunta a que la mencionada rebaja beneficiaría fundamentalmente a las grandes empresas, que realizan operaciones crediticias de mayor volumen. Agregan que una baja del gravamen tendría importantes efectos en la recaudación fiscal en un contexto de menores holguras previstas para 2014.

Según cálculos de Hacienda, los menores ingresos para el Fisco por esta rebaja ascendían a US$ 200 millones. En 2012, los ingresos obtenidos por este concepto alcanzaron los $ 319.546 millones.

Desde el gobierno argumentaron que la medida beneficiaba a más de 2, 8 millones de personas naturales. De ellas, más de 366.000 eran pequeñas y medianas empresas y cerca de nueve mil grandes empresas. Mientras que los funcionarios indicaron que los grandes contribuyentes serían fuente del 65% de la recaudación de este tributo.

En ese escenario, fuentes de Hacienda afirmaron que se decidió no insistir con la rebaja del impuesto de timbres y estampillas de manera de dar viabilidad al proyecto y lograr su aprobación antes del receso legislativo de febrero.

Andrés Zaldívar (DC), presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, asegura que "el ministro de Hacienda Felipe Larraín se comprometió con nosotros a no reponer ese punto del proyecto". Añade que su rechazo se fundamenta en "la estrechez fiscal que contempla el presupuesto 2014, sumado a que las condiciones macroeconómicas para el próximo año no son favorables".

En 2009, como parte de las medidas para enfrentar la crisis subprime, el gobierno de Michelle Bachelet redujo el gravamen en forma transitoria de 1,2% a 0%, con el fin de estimular la economía, para luego subirlo a 0,6% en 2010. Luego, como parte del plan para la reconstrucción del país, tras el terremoto de febrero de 2010, la actual administración decidió reducirlo a 0,4% de manera permanente.

La propuesta de reforma tributaria de Michelle Bachelet considera aumentar en un plazo de dos años el impuesto de timbres y estampillas, desde el actual 0,4% a 0,8%.

Alejandro Micco, economista de la candidatura de Bachelet, sostiene que "el país se encuentra en una etapa en que se requieren más recursos públicos. Por eso, la dirección correcta es subir el gravamen para buscar una mayor equidad tributaria".