"Cumplo con informar a usted que no es posible acceder a lo solicitado". De esta forma, el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, negó al fiscal nacional, Sabas Chahuán, la posibilidad de aumentar el presupuesto del Ministerio Público en más de $ 850 millones, los que iban a ser usados para financiar la carrera funcionaria.

La respuesta de Larraín fue  entregada a la fiscalía a través de un oficio, el pasado 4 de febrero. La primera petición de Chahuán se había registrado el 29 de noviembre y reiteró la solicitud dos semanas después. En esta última misiva, el fiscal nacional había argumentado el aumento de $ 855 millones con el fin de  "financiar ascensos de funcionarios y fiscales, en el marco de la carrera funcionaria".

Este episodio no ha sido aislado. Desde 2012 Chahuán inició una ofensiva para gestionar un Plan de Fortalecimiento del Ministerio Público, que busca crear una carrera funcionaria y así evitar la fuga de fiscales. La iniciativa legal aún es discutida en el Parlamento.

Para explicar la negativa, el ministro Larraín indicó que "en la Ley de Presupuestos año 2014 no se aprobaron recursos especiales para la situación planteada" y que "el marco presupuestario aprobado para 2014 contiene el nivel máximo de gasto público compatible con las metas de política fiscal definidas para el presente año".

FUGA DE FISCALES

El director ejecutivo nacional de la Fiscalía Nacional, Pedro Bueno, indicó que "este es un proceso que se ha llevado a cabo durante harto tiempo, que está vinculado a que nosotros, dentro de nuestros compromisos de gestión institucional, hemos desarrollado un procedimiento de ascenso para funcionarios y fiscales".

Bueno agregó que "estamos llegando a la etapa de implementación y en ese contexto, desde la discusión presupuestaria en 2012, empezamos a pedir estos recursos para aplicar el sistema de ascensos". Según el director ejecutivo, "hemos insistido en la discusión de Ley de Presupuesto y nos dicen que eso no es posible. Por eso se siguió insistiendo y en esa última petición nos dijeron que no se podía acceder a esto. Continuaremos insistiendo (...) Haremos gestiones para intentar reasignar recursos propios para, a lo menos, implementar parcialmente el procedimiento de ascensos".

Uno de los puntos que más preocupa a Bueno es que "la carencia de recursos para ascensos afectará a fiscales y funcionarios y una de las posibles situaciones es que se retiren de la institución".

En tanto, Claudio Uribe, presidente de la Asociación de Fiscales, indicó que "tenemos un serio temor de que en marzo se produzcan nuevas fugas de fiscales. Con el escenario actual, creemos que eso es inevitable".

Respecto a que la resolución de Hacienda podría agudizar la crisis en la fiscalía, Uribe indicó que "las movilizaciones habrá que verlas en marzo. Hay que ver la disposición del nuevo gobierno, pero creo que la negativa de Hacienda cierra un ciclo, donde más allá de las buenas intenciones, en concreto, durante muchos años el gobierno y gobiernos anteriores, no han hecho nada para solucionar la crisis del Ministerio Público".

Por su parte, la vicepresidenta de la Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio Público, Carolina Díaz, señaló que "nosotros vamos a insistir con las nuevas autoridades, porque no sólo tiene que ver con el justo derecho del acceso de los funcionarios a una carrera, como los demás funcionarios de la administración pública, sino que además trabajamos en condiciones desventajosas. No hay personal suficiente".

OPINION DE EXPERTOS

La presidenta del Colegio de Abogados, Olga Feliú, dijo que lo "primero es que debe haber un proyecto de ley, que cree la carrera de los funcionarios de la fiscalía, y traiga consigo el financiamiento de estos gastos. No se puede dar recursos a un proyecto de mejoramiento de carrera que aún no está aprobado".

Por su parte, el abogado constitucionalista Patricio Zapata señaló que "el gobierno actual no supo desarrollar una relación cooperativa con el Ministerio Público. Ese fue un fracaso del gobierno". El profesional agregó que el segundo punto que se debe destacar es que "todavía no sabemos bien en qué podría consistir un modelo de carrera funcionaria que sea  conveniente para el sistema procesal penal, que realmente premie a quien tenga los talentos y justifique la inyección de recursos. Eso aún no está nítido".