Reconocer como gasto tributario las donaciones que las empresas hagan con motivo de la próxima visita del Papa Francisco I a Chile es uno de los objetivos centrales del proyecto de ley que ingresó ayer el gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, a la Cámara de Diputados.

El texto indica que dicha visita "puede generar presiones de gasto fiscal, en el proyecto de ley se permite que gran parte de los gastos sea efectuado por el sector privado a través de donaciones". Así, "se propone establecer que las donaciones efectuadas por empresas a la Iglesia Católica, en razón de la visita papal, hasta por el monto global de $ 4 mil millones, sean consideradas como un gasto necesario para producir la renta". Es decir, que puedan ser deducidos de la base imponible.

El costo fiscal estimado por Hacienda por efecto de menores ingresos se calcula en $ 510 millones. Suponiendo que del tope global de $ 4 mil millones para donaciones, dice el texto, el 50% corresponde a la sustitución de donaciones que los contribuyentes realizan hoy, el efecto sobre los ingresos equivale a la aplicación de la tasa de primera categoría sobre los $ 2.000 millones de donaciones realizadas exclusivamente para financiar la visita.

"Solo gozarán del beneficio establecido en el inciso anterior, las primeras donaciones que acepte la Conferencia Episcopal hasta que, en conjunto, se entere la cantidad máxima señalada". Añade que "la deducción como gasto de las donaciones señaladas, se efectuará en el ejercicio en que efectivamente se incurrió en el desembolso y deberá acreditarse con recibos suscritos por representantes autorizados de la donataria".

Otras medidas

El proyecto incluye otros 4 objetivos. Primero, propone derogar los regímenes de plataformas de negocios, mecanismo creado en 2002 y que apunta a atraer capitales del exterior pero que, dice el texto, no ha tenido la relevancia esperada ni generó los efectos económicos pensados. Añade que la Ocde ha calificado a este régimen en sus procesos de monitoreo continuos como "potencialmente nocivo".

Además, contempla cambios al Artículo 62 del Código Tributario para que los intercambios de información que efectúe el SII con el resto de autoridades tributarias, cumpla con estándares internacionales.

Por otra parte, amplía el plazo para suscribir y ratificar convenios para evitar pactos de doble tributación. Esto, considerando que el nuevo régimen tributario semi-integrado "buscaba mantener la carga tributaria final para los inversionistas extranjeros con residencia en un país con el cual Chile tenga un convenio para evitar la doble tributación vigente, en un 35%". Para ello, señala que los contribuyentes residentes de un país con convenio vigente podrán reconocer hasta el 31 de diciembre de 2021, actualmente es 2019, el 100% del impuesto pagado por la empresa.