El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, respaldó ayer la autonomía con la que la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) ha operado en el caso Cascadas, tras ser consultado sobre la decisión de la entidad reguladora de no entregar al Ministerio Público la formulación de cargos en contra de Julio Ponce, Aldo Motta, Patricio Contesse Fica y Roberto Guzmán, por infracciones a la Ley de Sociedades Anónimas y a la Ley de Mercado de Valores. "Es una decisión que toma en forma autónoma el superintendente de Valores", indicó.
La negativa manifestada por la SVS llevó a que Andrés Montes, fiscal regional de la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte, presentara ayer a la Corte de Apelaciones un recurso que solicita resolución de controversia para acceder a los antecedentes. Según el escrito de seis páginas, el Ministerio Público requirió en dos oportunidades información al superintendente de Valores y Seguros. Precisa que "el 23 de septiembre el Ministerio Público pidió a la SVS una copia con la formulación de cargos a ejecutivos y personas relacionadas a las sociedades Cascadas (controladoras de la Sociedad Química y Minera de Chile, Norte Grande, Oro Blanco, Pampa Calichera, Nitratos de Chile y Potasios)".
Agrega que la entidad reguladora respondió que "no ve inconvenientes en entregar la documentación requerida, en tanto el Ministerio Público en su solicitud indique que adoptará las medidas para mantenerlos en reserva".
Con fecha 30 de septiembre el Ministerio Público le explicó a la SVS que, de acuerdo con las normas procesales vigentes, el fiscal puede utilizar la reserva por hasta 40 días en una investigación.Tras recibir esta respuesta, al día siguiente la SVS reiteró que se encontraba imposibilitada de entregar los antecedentes requeridos.
"Hago presente que el hecho y circunstancias de la investigación iniciada por la SVS, así como la formulación de cargos respectiva, han sido profusamente informados por medios especializados. Incluso se encuentran a disposición del público desde el 1 de octubre en los sitios web de La Tercera y Diario Financiero", indica el recurso, en vista de que la negativa de la entidad reguladora se mantiene posterior a la filtración de la documentación por la prensa.
El recurso indica que el superintendente funda la negativa a entregar los antecedentes solicitados, en base a lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley Orgánica de la SVS, cuyas normas lo facultarían para dar carácter de reservados a ciertos antecedentes, estando obligados en tal evento y bajo sanción penal, a guardar secreto.
El fiscal regional cita como precedente el caso La Polar. Explica que en esa oportunidad el actual superintendente, Fernando Coloma, entregó al Ministerio Público los mismos antecedentes que hoy niega en el caso Cascadas: "No se ve razón alguna que explique por qué en este caso, a diferencia de situaciones anteriores idénticas, la SVS ha negado la entrega de información al Ministerio Público".
La fiscalía indica que "se patentiza la total falta de afectación de derechos con la entrega de información, pues de ella sólo podrá conocer el fiscal del caso, los eventuales imputados -quienes ya accedieron a la formulación de cargos-, su defensa, la eventual víctima y el querellante".
Según fuentes de tribunales, una vez que la SVS sea notificada de este recurso tendrá que entregar sus razones a la Corte de Apelaciones y después habrá una resolución sobre el caso.
