"A partir del 1° de junio del presente año, todos los pasajes aéreos que se financien con cargo a esta Corporación para viajes de las señoras y señores diputados, se efectuarán en clase económica, cualquiera sea el destino del citado viaje".
La notificación fue recibida por los 120 integrantes de la Cámara Baja el pasado martes 17, y significa, en términos simples, que no importa la distancia que deban recorrer los legisladores en viajes de trabajo: los pasajes en business con cargo a la corporación serán, definitivamente, suprimidos.
La medida -que hasta el momento no ha sido homologada por el Senado-, forma parte de la política de austeridad que se implementará en el Congreso en los próximos meses, con el objetivo de recaudar recursos para financiar el ingreso de los 47 nuevos parlamentarios (35 diputados y 12 senadores) que implicará el nuevo sistema electoral.
El Ejecutivo prometió que el ingreso de nuevos legisladores no implicaría un aumento en el gasto fiscal, pese a que su financiamiento costará aproximadamente $ 9.000 millones.
Se trata de una meta difícil, y así lo ha hecho ver el propio presidente de la Cámara, Osvaldo Andrade (PS). Por lo mismo, hace poco más de tres meses se constituyó una comisión con representantes del ministerio de Hacienda, la Cámara de Diputados y el Senado, que trabaja en el diseño de un plan -que debe estar terminado antes de septiembre, previo al inicio de la discusión legislativa del próximo presupuesto-, para conseguir los recursos sin aumentar el gasto público.
Si bien la propuesta todavía no está terminada, y aún debe ser visada por las distintas bancadas, los integrantes de la comisión coinciden en que el grueso de los recursos -cerca de $ 4.500 millones- provendrá de un congelamiento de dietas de parlamentarios y ministros, además de otras altas autoridades del aparato estatal. En este último caso, sin embargo, aún se debate si el criterio debe ser por jerarquía del cargo o de acuerdo al rango de sueldos que éstos perciban.
En forma paralela, se prepara un recorte significativo en las asignaciones parlamentarias.
Al interior del equipo afirman que la propuesta que más consenso genera es extender el congelamiento de las dietas hasta el año 2018. Esto significa que no estarán afectos al reajuste del sector público hasta entonces, lo que sumado al que se hizo el año pasado generaría, en el caso de los parlamentarios, un ahorro cercano a un 14% en el presupuesto del Congreso.
"El gobierno va a cumplir su compromiso de que el aumento de parlamentarios no vaya acompañado de un mayor financiamiento fiscal. En el Congreso, tanto en la Cámara como en el Senado y también en la biblioteca del Congreso, vamos a tener que ajustar nuestros presupuestos a la disponibilidad actual", comentó el senador José García Ruminot (RN), quien representa al Senado en la comisión.
Respecto de lo que esto va a implicar en términos prácticos, el legislador de Chile Vamos señaló: "Va a significar que, respecto de la dieta parlamentaria, lo más seguro es que quede congelada por varios años. Y respecto de las asignaciones parlamentarias, lo que yo visualizo claramente es que va a haber una disminución significativa en este tipo de gastos",
En el grupo también participan el secretario de la Cámara, Miguel Landeros, el vicepresidente de la Cámara, Gabriel Silber (DC), y el coordinador general y del área de modernización del Estado del Ministerio de Hacienda, Enrique Paris.
"Estamos trabajando el marco presupuestario del Congreso, pero cumpliendo con la palabra de que la instalación del nuevo sistema electoral no va a irrogar recursos adicionales que las propias partidas de que hoy disponen la Cámara y el Senado", comentó el diputado Silber, quien añadió que "hay distintas alternativas en análisis y todas pasan por importantes señales de austeridad".
Otras medidas
Para el futuro, el equipo también está estudiando externalizar al organismo encargado de fijar el aumento de dietas, actualmente en manos del mismo Congreso. El nuevo organismo no tendría carácter permanente, pues se convocaría solo para este objetivo y luego se disolvería.
Este plan complementará otras medidas que se han ido adoptando, como la reducción en un 10% de los viáticos de los parlamentarios, y una rebaja en los gastos de alimentación del Congreso.
