Será en febrero del próximo año cuando se concrete el cierre de la U. del Mar, proceso que para el Estado ha significado $ 40.000 millones y que este año proyecta invertir otros $ 6.000 millones. Todo en becas y fondos para apoyar a estudiantes rezagados y a aquellos planteles que los recibieron.
Harald Beyer, director del Centro de Estudios Públicos (CEP) y ex ministro de Educación cuando estalló el caso, señaló a La Tercera que la situación que vivió la U. del Mar en 2012 fue anómala y "se debió al déficit regulatorio de la época".
Respecto de los gastos incurridos por el Fisco para la reubicación de alumnos, Beyer dijo tras un seminario organizado por la U. San Sebastián, que los fondos "fueron razonables, dado que había que seguir apoyando a esos jóvenes. Producto de un problema del sistema, la universidad violó la ley, se cerró y después de eso había que apoyar a los estudiantes".
Beyer añadió que eran "16 mil estudiantes, y si se dividen los gastos, da menos de tres millones por alumno".
Pero ¿podría pasar algo así nuevamente? Beyer señaló que ya se ha producido un ajuste de calidad en las instituciones y las que podrían tener mayores problemas son las de menor tamaño, pero cuyo cierre no tendría el impacto de la U. del Mar, en cuanto a cantidad de estudiantes.
Además, el ex secretario de Estado de Sebastián Piñera dijo que en la actual reforma, que se encuentra en tramitación, "el aseguramiento de la calidad es insu- ficiente".
En tanto, otro ex ministro de Educación también se refirió a la polémica. Así, Sergio Bitar criticó estas cifras: "El caso de la U. del Mar y la plata que se ha gastado demuestra que el sistema de mercado en la educación superior tenía falencias enormes", dijo.
Bitar agregó que el caso de este plantel demuestra que "el Estado tuvo que hacerse cargo de la desregulación del mercado, porque la educación superior es una función pública".
Además, la ex autoridad ministerial añadió que para evitar casos como el de la U. del Mar es necesario que la reforma a la educación superior contemple una acreditación rigurosa y una vigilancia estricta a las instituciones.
