El lunes, con la gran mayoría de los votos, el gobierno aprobó uno de los proyectos más importantes de la actual administración, que cambiará las reglas del juego del sistema a a partir de marzo de 2016. Se trata de la iniciativa que pone fin al lucro, financiamiento compartido y selección.

Al respecto, el ex ministro de Educación y actual director del Centro de Estudios Públicos (CEP), Harald Beyer, analizó en detalle la norma. Para el experto, la iniciativa traerá una serie de complicaciones al sistema, entre ellas abultará la carga burocrática de los directores y fomentará vicios entre los sostenedores. "Seguramente los sostenedores que puedan hacerlo (con entrada en vigencia en 2016), elevarán el financiamiento compartido en sus colegios de modo de enfrentar de mejor forma las incertidumbres que supone la ley".

Actualmente el máximo de copago (monto cobrado por los colegios a las familias) es de un poco más de $ 80 mil mensuales.

En general, ¿cómo evalúa el proyecto aprobado?. 

Mi evaluación es mixta. Soy escéptico respecto de que pueda alcanzar los objetivos que se ha propuesto y veo costos potenciales elevados. Menciono, entre otros, muy rápidamente cuatro. Un incremento exagerado en la regulación que burocratizará a los colegios y los distraerá de la tarea pedagógica. Un perjuicio a la educación pública como consecuencia del término, en la práctica, de los liceos de excelencia. Un conjunto de normas discriminatorias en el tratamiento de arriendos y colegios de distinto tamaño que no tienen sustento educacional y tampoco institucional, que lesionan la credibilidad de nuestros colegisladores, elevan la incertidumbre regulatoria y desincentivan la permanencia o dedicación de buenos sostenedores. Un debilitamiento de la libertad de enseñanza y de alternativas para los padres como resultado de normas que dificultan la apertura de nuevos colegios y la expansión de otros.

Me parecen positivos los refinamientos a la Ley General de Educación (LGE), la subvención por gratuidad, la creación de un subvención para grupos medios (aunque creo que se desaprovecha la oportunidad de usarlas como vehículos de integración) y el perfeccionamiento, gracias a los buenos oficios de los senadores (Fulvio) Rossi e (Ignacio) Walker, de la redacción de una indicación que permitirá desarrollar un mejor sistema de admisión del que estaba definido en el proyecto original.

¿Qué preocupaciones le merecen la ley y qué puntos cree que perjudicarán a los sostenedores?

Más que si perjudica o beneficia a los sostenedores, la pregunta relevante es si beneficia a los estudiantes. Me parece que hay demasiadas disposiciones que pueden perjudicarlos, al distraer tiempo, recursos y capacidades de sostenedores y otros actores de la gestión propiamente educativa. Se crea un diseño institucional extremadamente rígido y donde las normas que se crean no tienen como objetivo mejorar directamente los aprendizajes de los niños. La apuesta del gobierno es que este marco es necesario para que las demás políticas rindan los efectos deseados, pero eso es más voluntarismo que realidad.

¿Cómo evalúa el desempeño del gobierno durante la tramitación?

En los sistemas presidenciales, tanto el Ejecutivo como el Congreso son colegisladores y, por tanto, los cambios que sufren los proyectos no pueden ser una vara para medir la acción del gobierno. Me parece que más bien hay que juzgarlo, más allá del debate normativo, por la calidad técnica del proyecto. En muchos pasajes me parece muy deficiente y creo que presenta varios vacíos que rebotarán contra los propios objetivos del gobierno o que habrá que corregir durante la marcha.

¿Le parecían mejor los cambios propuestos por la Cámara o el Senado?

Soy "agnóstico" al respecto, porque mi visión sobre el proyecto en su conjunto, tanto del que salió de la Cámara como el que salió del Senado, no es muy positiva. La versión que salió del Senado, quizás por incluir una mayor gradualidad en su aplicación (y por el mejor refinamiento de las normas de la LGE), es superior.

¿Cuáles son los principales problemas que se desatarán una vez que entre en vigencia la ley?

Antes de que entre en vigencia habrá problemas. Por ejemplo, durante este año seguramente los sostenedores que puedan hacerlo (con entrada en vigencia en 2016), elevarán el financiamiento compartido en sus colegios, de modo de enfrentar de mejor forma las incertidumbres que supone la ley. No descarto que varios colegios decidan abandonar este año el régimen de financiamiento compartido para operar desde 2016 como colegios privados (algunos análisis de sensibilidad sugieren que ello podría afectar tentativamente al 3 o 4 por ciento de la matrícula). La carga burocrática se empezará a dejar a sentir con especial fuerza en 2016.

El proyecto contempla que la subvención y, además, el copago sean utilizados sólo para fines educativos. ¿Le resta autonomía a los  establecimientos?

Me preocupan mucho más los enormes costos burocráticos que imponen la maraña de normas aprobadas y la amenaza a eventuales innovaciones que describen tan detalladamente las partidas en las que se puede gastar la subvención educacional.

Se aprobó un trato diferenciado para los colegios con matrícula menor o igual a 400 alumnos.  ¿A su juicio, se justifica el trato especial?

Desde el punto de vista educacional estas normas no tienen ningún sentido. Incentivan, además, comportamientos estratégicos de los sostenedores que poco aportan a la calidad. No deja de ser curioso que se esté preocupado por los dineros que puedan retirar los sostenedores y se cree un conjunto de normas que hagan más fácil que puedan legalmente extraer más recursos del fisco.

Hubo un fuerte lobby para que el fin a la selección en emblemáticos fuese más prudente. De hecho, el Mineduc se abrió a modificar más adelante la norma. ¿Qué le parece?

Creo que hay que manejar con cuidado el concepto de selección. Puede existir una legítima preocupación por mecanismos de selección arbitrarios que pueden existir en la educación, pero no es el caso de los liceos emblemáticos. Su proyecto educacional es claro. Se intenta educar a un nivel alto de exigencia académica a un conjunto importante de estudiantes a un costo que es entre un cuarto y un quinto del de colegios privados, y siendo que entre un 40% y un 60% de ellos son vulnerables. Aplican una prueba para elegir a aquellos que puedan lidiar con esas exigencias. En esto no hay nada de arbitrario. En cambio, se corre el riesgo de reducir los bajos grados de porosidad de los estudiantes que acceden a nuestras universidades y carreras más selectivas. No soy partidario de terminar con este tipo de selección. Creo que le produce un grave daño al país.

Después de haber aprobado la ley, el gobierno se abrió a modificar la norma para dichos colegios...

Si ello significa reparar el daño causado, no estoy en contra. Creo que nunca debió haberse tocado a estos liceos y que se haya hecho responde a que se ha instalado una visión muy restringida de la educación, donde la distinción, el mérito, la resiliencia y el esfuerzo no tienen espacio. Lo creo un grueso error.

La pelea de los emblemáticos se extiende desde 2006, con la LGE. ¿Por qué, a su juicio, hay tanta resistencia a cambiar las reglas a este tipo de colegios?

Creo que hay muy buenas razones, como las que he tratado de argumentar. Un dato adicional. A la universidades de Chile y Católica no entran demasiados estudiantes provenientes de liceos municipales (del orden de 26& y 14 %, respectivamente). Un poco más de la mitad proviene de solo cinco liceos emblemáticos. ¿Qué certeza tenemos que sin poder seleccionar a sus estudiantes para someterlos a los niveles de exigencia que estos establecimientos practican podamos tener siquiera esas bajas participaciones de estudiantes de liceos municipales?