El diputado PPD Felipe Harboe hizo un fuerte llamado al gobierno a poner suma urgencia a un proyecto de su autoría y que establece un marco regulatorio para el funcionamiento de los establecimientos de educación preescolar.
Esto, tras la presunta responsabilidad de la parvularia, Eugenia Riffo, que dejó abandonado al interior de un automóvil al menor de casi tres años Borja López provocándole la muerte.
"Hoy día la incitativa todavía duerme en el Congreso y seguimos esperando, por lo que hago un llamado al gobierno y al Ministro de Educación a que le pongan urgencia o discusión inmediata a este proyecto de ley. No tenemos que esperar la muerte de otro menor para seguir legislando, lo más importante es buscar una solución pronta para evitar este tipo de situaciones se sigan produciendo", sentenció Harboe.
La iniciativa, puntualizó, sanciona penalmente a quienes no cumplan son las normas para su funcionamiento, castigando como crímenes las agresiones a los menores y deja en claro que "para las personas que cumplen funciones en esos establecimientos educacionales su principal preocupación debe ser el cuidado de los menores".
Harboe recordó que "lamentablemente en los últimos años más de 5 niños lactantes han perdido la vida en este tipo de establecimientos" y el "caso que me motivó a presentar el proyecto de ley, que presenté en noviembre del 2009, fue el de Sebastián Navarrete un lactante de la comuna de Santiago que fue dejado por sus padres en un jardín infantil y la administradora no encontró nada mejor, que porque lloraba mucho, ponerle una cinta adhesiva en su boca con un fatal desenlace", declaró el parlamentario.
Para el parlamentario, "lo indignante de ese caso es que la autora de esa muerte hoy día goza de libertad, siendo condenada sólo a 541 días de presidio remitido, mientras la familia de Sebastián tiene que lamentar todos los días la ausencia de su hijo".
El proyecto de ley establece un marco regulatorio a los establecimientos de educación preescolar y en su artículo primero señala que todas aquellas personas que instalen, dirijan o administren un jardín infantil, sin las autorizaciones legales o reglamentarias tendrían las sanciones de presidio menor en su grado mínimo a medio, vale decir, se establece una figura de sanción penal para los directores de estos establecimientos, cuando los hacen funcionar sin las autorizaciones correspondiente.
El diputado además agregó que "hoy día la pena por cuasidelito de homicidio va desde los 61 días hasta los 3 años, con este proyecto de ley las penas por la negligencia con causa de muerte llegan a los 15 años de presidio".
"Si hubiese contado con la urgencia y hubiese sido aprobado, las sanción hoy día, para lo sucedido con el pequeño Borja, hubieran llegado a los 15 años de presidio y la familia no tendría que hacer un esfuerzo jurídico para intentar probar la existencia de el homicidio por omisión", concluyó.
