La ex ministra de Salud y actual vicedecana de Investigación y Desarrollo de la U. de Santiago, Helia Molina, participó de la génesis de la ley sobre interrupción del embarazo. En diciembre de 2014 dejó su cargo luego de decir que "en todas las clínicas cuicas, muchas familias conservadoras han hecho abortar a sus hijas". Tras la promulgación de la norma, Molina dice no arrepentirse de sus palabras. Sobre la actual discusión por la ampliación del Tribunal Constitucional (TC) de la objeción de conciencia a las instituciones, indica que se deberá evaluar el caso de hospitales y clínicas privadas que reciben recursos públicos y que se niegan a aplicar una política estatal.
¿Qué opina de la ampliación de la objeción de conciencia a instituciones?
Cuando escribimos el proyecto, la objeción era una opción individual. Nunca pensamos que fuera para todo el equipo y, por lo mismo, no nos parecía que se tuviera que ampliar, y eso aún lo pienso así. Si el tribunal lo consideró, yo lo acepto, pero no lo comparto. Entiendo la posición de la Iglesia Católica y la respeto. Sin embargo, no me parece que en un Estado laico como el nuestro, donde la separación de la Iglesia con el Estado fue hace muchos años, se imponga a toda la sociedad principios que no corresponden a las creencias de todos.
¿Es ese el peor escenario que podía tener el gobierno para la implementación de la ley?
El peor escenario era que nos hubieran dicho que era inconstitucional, ya que el fundamento principal de la presentación de Chile Vamos al TC fueron las tres causales. Que se haya declarado su constitucionalidad y que es un derecho es una buena decisión para el país y un avance en el reconocimiento de valores y derechos. Hubiese quedado mejor si la objeción de conciencia era solo individual. Igual, al final de cuentas, ningún gobierno, con TC o sin TC, va a obligar a que la UC, si dice que en sus establecimientos no se harán abortos, se hagan. Lo importante es que como ahí se atienden pacientes del sistema público y se traspasa mucha plata de Fonasa, se busquen los mecanismos necesarios para que no exista perjuicio a las personas ni vulneración de sus derechos. Claramente, se complejiza el escenario con lo institucional, pero si se hace bien podría no ser un desmedro para este logro.
¿Cómo toma la decisión de hasta ahora cinco instituciones, entre ellas la UC y el Parroquial de San Bernardo, de que no harán abortos?
Están en su derecho, pero hay clínicas privadas que por último no trabajan con platas del Estado, pero el Parroquial sí lo hace y la UC también. El 80% de la población se atiende por Fonasa o está en el sistema público de salud, por lo tanto me preocupan ellos. Creo que es un tema que hay que evaluar porque es el doble estándar que en Chile siempre ha existido, que es una cosa que está en el ADN de nuestra sociedad, de decir una cosa y hacer otra. Y eso también se ve reflejado hoy en las declaraciones de muchos. Me acuerdo desde chica que la gente de clase media, alta, los más pobres, acudían al aborto y a hacerse remedios. Era una época compleja y no habían políticas de planificación familiar ni anticonceptivos, pero aun así, en ese momento personas de todos los niveles y de todas la religiones y creencias usaron el aborto. Con el divorcio pasó lo mismo, hasta mi padre se anuló, y cuando discutimos la Ley de Divorcio tuvimos una oposición muy fuerte.
¿Se refiere a las del rector de la UC, Ignacio Sánchez?
No específicamente al rector Sánchez, que lo estimo mucho, fue mi alumno. Me refiero al doble estándar de la sociedad en general. El hospital de la UC probablemente no hace abortos; sí lo que no entiendo es que por un lado quieras ser público y por el otro no les quieras hacer caso a las políticas públicas. Eso es lo que yo no comparto. Que la UC tenga una posición está bien, pero lo injusto es que esa objeción vaya en contra de políticas que son financiadas y de recursos del gobierno y derechos de las personas. El TC dijo que eran derechos de las personas, entonces hasta dónde tú puedes vulnerar el derecho a través de la objeción, cuando trabajas con fondos públicos y con gente del sistema público.
¿Habría que quitarles o restringir los recursos que reciben?
Es una pregunta compleja porque quitar recursos significa perjudicar a mucha gente. (...) Es un tema complejo, uno puede tener todas las ideas que quiera, pero en qué medida el Estado tiene que analizar bien si va a seguir poniendo fichas donde no se siguen las políticas públicas. Se va a tener que analizar caso a caso, y el costo beneficio de no contar con ellos.
¿Usted considera que la ley abre la puerta al aborto libre?
La ley no deja abierto nada porque es súper restrictiva y está súper protocolizada. Fui parte de la génesis de este proyecto y puedo dar fe de que en ningún momento se dijo "hagamos esto para luego tirar el aborto libre". Esto no partió con aborto como tema central, sino que partió de los derechos de las mujeres, nunca se vio como preámbulo para otra cosa. Sin embargo, hay algo que es real y es que tú no puedes frenar los procesos de reflexión de los colectivos humanos y el haber discutido esto por dos años va a generar una segunda ola de reflexión de hacia dónde vamos ahora.
¿Se arrepiente de haber dicho que en clínicas se hacían abortos?
Mis palabras facilitaron la discusión. Tenemos temas tabú como el sexo o la educación sexual en colegios, que varios gobiernos han tratado de instalar, y no se ha podido porque siempre hay una objeción tremenda. No me arrepiento para nada, al contrario, me siento orgullosa.
