Cristina de Borbón, hermana del rey Felipe VI de España, recurrió hoy a través de sus abogados la decisión del juez de procesarla en el caso de corrupción que tiene a su marido como protagonista principal y que sumió a la monarquía en una crisis de imagen en los últimos años de reinado de Juan Carlos.
"No contemplo la posibilidad de verla en el banquillo", aseguró hoy su principal abogado, Miquel Roca, pocas horas antes de la presentación del recurso en los juzgados de Palma de Mallorca.
La hermana del rey insiste en el escrito en que estuvo completamente al margen de los negocios de su marido, Iñaki Urdangarin, acusado por el juez y el fiscal de haberse apropiado de seis millones de euros de dinero público junto al que era su socio en el Instituto Nóos, una organización en teoría sin ánimo de lucro.
El juez José Castro, que investigó el caso durante más de tres años, pidió hace una semana que se procese a Cristina de Borbón al ver "sobrados indicios" de que se lucró en su propio beneficio del dinero que su marido obtuvo con sus presuntos negocios ilícitos y facilitó además el camino para que él lo hiciera a través de la empresa cuya titularidad comparten al 50 por ciento.
La acusa de dos delitos fiscales y de blanqueo de capitales.
"Ninguna de tales imputaciones está debidamente fundamentada", señala el recurso contra la decisión del magistrado de procesar a la hija de los reyes Juan Carlos y Sofía y hermana del nuevo monarca.
"Estamos convencidos de que la Audiencia resolverá en los términos que nosotros consideramos convenientes", dijo el abogado Roca en Barcelona, a las puertas de su bufete.
El recurso llega días después del de la fiscalía, contraria también al procesamiento de Cristina. La Audiencia Provincial de Palma de Mallorca es ahora la que tiene la última palabra sobre si se sienta en el banquillo de los acusados junto a su marido.
El magistrado puso fin la semana pasada a la instrucción del caso. A Urdangarin le imputa nueve delitos cometidos presuntamente cuando estuvo al frente del Instituto Nóos, que obtuvo suculentos contratos de gobiernos regionales. Contando con él, su mujer y su ex socio, Castro pidió procesar a 16 personas en total.
