Enero de 2016. Mientras en el Congreso se discutía el nuevo sistema de financiamiento electoral, Hernán Larraín Fernández (70) incluía entre sus críticas al proyecto un anuncio sobre su futuro político. Su actual mandato como senador sería el último tras 24 años consecutivos de ejercicio. Transcurridos dos años de aquel día y a 47 días de abandonar el Senado, el abogado y otrora presidente de la UDI suma un nuevo desafío a su carrera política. Esta vez, como ministro de Justicia y Derechos Humanos, luego de que el presidente electo, Sebastián Piñera, lo escogiera como miembro de su gabinete.
Una cartera que ha destacado en el actual mandato por diversas polémicas, como las vulneraciones al interior del Sename o las millonarias pensiones en Gendarmería.
Larraín tardó unos pocos minutos, tras ser presentado, para confirmar la continuidad del Penal de Punta Peuco. "El Presidente lo ha planteado desde hace mucho rato, Punta Peuco es una cárcel que debe continuar en las funciones que desarrolla en la actualidad", aseveró.
Además, explicó que existe la intención de plantear una nueva agenda de DD.HH., con el propósito de colaborar en "tratar de subsanar las heridas del pasado, buscando la reconciliación y asegurando que se haga justicia en los casos, toda vez que corresponda".
No obstante, reconoció que aún falta tiempo para realizar definiciones puntuales en materias sectoriales. Aunque dijo que, en conversaciones preliminares con el mandatario electo, se acordó la decisión de continuar con el proyecto de ley en discusión, que pretende transformar al Sename en dos servicios públicos. Un eje para el cual Larraín anunció la "máxima prioridad". Y agregó: "Esperamos que se pueda desarrollar a la brevedad posible. Eso obliga a revisar los proyectos y lo haremos apenas comencemos".
Las modificaciones a cuerpos legales fue otro de los puntos abordados por el nuevo ministro. "Será prioritario sacar adelante el Código Penal, hacer la Reforma Procesal Civil, los ajustes necesarios a la Reforma Procesal Penal y ver los cambios que se deban introducir al Código Civil", enfatizó Larraín, quien, pese a no comprometer plazos, sí aseguró que estos requieren "un trabajo muy abierto y mancomunado con el Poder Judicial".
Reacciones
Diferentes personalidades relacionadas al sector manifestaron sus posiciones con respecto al nombramiento de Hernán Larraín a la cabeza de la Justicia.
El presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, valoró la designación, la cual, señaló, "se justifica en una larga experiencia política siempre vinculada a las cuestiones de derecho, lo que me hace pensar en que tendremos una administración, en esta área, especialmente sólida".
Desde el mundo militar, el abogado Raúl Meza, representante de uniformados condenados por crímenes de lesa humanidad, destacó la designación y decisión de mantener Punta Peuco. Sin embargo, advirtió la existencia de "matices" con la nueva autoridad. "Tenemos diferencias importantes sobre la visión del pasado. Él habla de dictadura, nosotros de gobierno militar (...) puede haber voces disonantes sobre su designación, pero tenemos, como familia militar en retiro, grandes expectativas en su gestión ministerial".
Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, en tanto, calificó como "inaceptable" la elección de Larraín. "Para nosotros es uno de los civiles que ha mantenido la impunidad a lo largo de todos estos años. Nos violenta porque fue del grupo de amigos personales de Paul Schäfer. Él lo defendió, es imposible que no tenga información sobre los detenidos en Colonia Dignidad", cuestionó Lira.
