El vicepresidente ejecutivo de HidroAysén, Daniel Fernández, sostuvo que dos años es un plazo más que prudente para que el Comité de Ministros haya resuelto las 58 reclamaciones en contra del proyecto hidroélectrico tomando en consideración que la ley establece para ello un plazo de 60 días.

En el marco de una exposición en el Club Monetario de la Universidad Finis Terrae, el ejecutivo recalcó que los problemas de avance que tiene el proyecto no tienen relación con procesos judiciales, sino que con la lentitud del Comité de Ministros de resolver las reclamaciones en contra la iniciativa. 

"Uno de los diagnósticos que se hacen es que los proyectos en Chile no se hacen por temas de judicialización y de las comunidades. Esos dos problemas no los tenemos. Lo que sí tenemos pendiente es un Comité de Ministros, que lleva hartos años sin sesionar, al cual se han presentado reclamaciones de calificación ambiental por parte del titular, 20 reclamaciones, y de los opositores, 38 reclamaciones, no mil. Ahora que esas 38 reclamaciones se metan en internet y la gente las suscriban, no son nuevas reclamaciones", afirmó.

En ese sentido, Fernández enfatizó "pensamos que dos años, habiendo un plazo de 60 días, es un plazo más que prudente para haber resuelto esta situación. Evidentemente, los accionistas lo que quieren saber cuál son esas condiciones, si efectivamente se van a mantener las condiciones de calificación ambiental o no, y en función de eso, decidir si siguen invirtiendo dinero, ya van US$320 millones invertidos en este proyecto, para poder tomar las decisiones en curso", acotó.

El representante de HidroAysén estimó que la urgencia de que avance el proyecto no pasa por un tema de en qué gobierno se haga, sino en que "aquí hay una institucionalidad, hay un plazo que tiene que cumplirse, o sea, no pueden pasar años, es una pésima señal para el mercado energético y el mercado de las inversiones en general".

Respecto al uso del mecanismo de silencio administrativo para destrabar el proyecto, Fernández aseveró que "tenemos dos temas. Primero, que tenemos unas reclamaciones. Nos nos gusta como quedó la calificación ambiental en varios aspectos, sobre todo es que quedan difusas las formas de cumplimiento de muchas obligaciones y eso podría el día de mañana interpretarse, por tanto, queremos que se aclaren bien cuáles son las obligaciones de la empresa. Segundo, no creemos que un proyecto estratégico de esta envergadura deba ser aprobado o no mediante un mecanismo como el silencio administrativo. Creemos que eso no es bueno para el proyecto". 

Sin embargo, aclaró que "los posibles recursos judiciales, legales y administrativos son resortes de los accionistas". Y aunque afirmó que hasta el momento no se ha tomado una decisión de avanzar en ello, advirtió que "están ahí latente como una posibilidad futura, pero por ahora no va tomar una medida de ese tipo."

En cuanto a la posibilidad de que la convocatoria del Comité de Ministros para resolver las reclamaciones se extienda al próximo gobierno y ante la postura de la candidata presidencial de la Nueva Mayoría Michelle Bachelet sobre la inviabilidad del proyecto, Fernández señaló "lo que sí quisiera ver son programas específicos de gobierno de los candidatos con una explicación con peras y manzanas de cuáles son los medios en que van a sostener la demanda (energética) así como se hace la discusión tributaria".