A las 22.30 de ayer, el Presidente Sebastián Piñera concluyó una reunión de dos horas -en el comedor de su despacho- con sus ministros Rodrigo Hinzpeter (Interior), Ena von Baer (Segegob) y Felipe Bulnes (Justicia). En la cita se tomó la decisión sobre el caso de la intendenta de la Octava Región, Jacqueline van Rysselberghe.

Pese a la gran cantidad de prensa congregada en el Patio de los Cañones, en La Moneda no adelantaron ayer la resolución adoptada por el Mandatario. Hoy, Hinzpeter informará de la decisión para zanjar una polémica que se ha extendido por más de dos semanas.

Fuentes de Palacio señalan que el jefe de gabinete entregó a Piñera una decisión fundada, luego de que el Mandatario acudiera a su despacho durante la tarde. Previamente, Hinzpeter había analizado los aspectos legales del caso con el titular de Justicia.

A esa hora, algunos personeros de RN apostaban a que la intendenta sería removida pero, simultáneamente, en la UDI dijeron tener antecedentes de que el gobierno habría optado por mantenerla en el cargo tras una serie de señales que habrían recibido desde La Moneda.

"Tenemos el convencimiento de que las acusaciones son incorrectas, y es el momento de que el gobierno finalice el proceso de investigación y entregue las conclusiones que debería haber entregado esta semana", dijo ayer el timonel de la UDI, Juan Antonio Coloma.

El tema de la intendenta gremialista comenzó a analizarse ayer en la mañana en la sede del partido en calle Suecia, donde la directiva se reunió para analizar la situación. Durante una hora, Coloma, el vicepresidente Iván Moreira, el vocero Víctor Pérez y el diputado Edmundo Eluchans abordaron el tema y resolvieron continuar apoyando a la jefa regional.

Según fuentes gremialistas, en el gobierno ha pesado mucho la labor de Van Rysselberghe en la Región del Biobío y el aprecio que tendría el Presidente Piñera por su trabajo en la zona. Comentan, por ejemplo, que en esa región Piñera mantiene los más altos niveles de popularidad entre las regiones afectadas por el terremoto.

La idea de La Moneda sería descomprimir la polémica en vísperas de la visita que mañana realizará el Presidente a la Octava Región, junto a la ministra de Vivienda, Magdalena Matte, para iniciar las actividades para conmemorar un año del terremoto.

DÍA DE TENSIÓN

La decisión sobre el futuro de la jefa regional coincidió con una jornada de tensión entre la UDI y el gobierno.

Desde el gremialismo hicieron un fuerte lobby en favor de la intendenta y lanzaron varias críticas al manejo político del caso por parte del gobierno.

En esa línea, destacaron las palabras del senador Jovino Novoa, que hizo un alto antes de tomar su avión de regreso de sus vacaciones en Panamá y cuestionó la manera cómo el gobierno estaba llevando el tema, "en vez de reaccionar políticamente, el gobierno se mete en la parte administrativa, pero para eso está la Contraloría y creo que lo hicieron pésimo", afirmó en La Segunda.

Las palabras del militante histórico de la UDI no cayeron bien en La Moneda. Según fuentes de gobierno, el ministro del Interior dijo a sus cercanos que había sido una falta de criterio y de tino sus declaraciones.

El tema comenzó a ser analizado la noche del lunes -en una reservada reunión en la casa del senador Juan Antonio Coloma-, donde ministros y dirigentes se habrían abierto a la posibilidad de que Van Rysselberghe dejara su cargo y se descomprimiera la crisis.

Ayer, todo iba en ese camino, hasta que durante la mañana apareció un nuevo documento en la prensa. Este aludía a una resolución del Ministerio de Vivienda que daba la razón a la intendenta, en cuanto a que el gobierno estaba informado de la solicitud de incluir a familias no afectadas por el sismo en los subsidios.

El texto exige que para pedir subsidios, el 80% de las familias debían ser damnificadas, cifra que podía cambiar por autorización del subsecretario de Vivienda.

Ello reforzaba el argumento central de la UDI en defensa de la intendenta: la falta de pruebas en la denuncia del senador Alejandro Navarro.

Ante este escenario, algunos dirigentes de la UDI habrían reiterado dos condiciones para abrirse a la salida de la intendenta. Una, que si el gobierno decide removerla, se reconozca públicamente que las acusaciones fueron falsas. Y dos, que valore su gestión al mando de las tareas de reconstrucción en la zona.

Sin embargo, en el Ejecutivo explican que el caso tenía dos aristas: una técnica y otra política.

La primera de ellas se habría zanjado luego de que la investigación no arrojara irregularidades. Sin embargo, los dichos de la intendenta en la población Aurora de Chile no habían sido bien evaluados y se había producido una pérdida de confianza. "Todo indica que no hay certificados de inhabitabilidad falsos ni recursos públicos involucrados, pero que, sin duda, la intendenta presentó a los pobladores una situación que no corresponde con la realidad y, por eso, consideramos sus declaraciones desafortunadas o políticamente incorrectas", afirmaron en Palacio. De quedarse la intendenta, el gobierno estaría aceptando pagar sólo un costo político por sus palabras.

Ayer en la tarde trascendió en Palacio la posibilidad de que se anunciara la salida de la jefa regional, junto a un ajuste de intendentes. Es en este contexto que se entendió la colocación del equipo de audio y el podio presidencial una y otra vez en el Patio de los Naranjos.

Sin embargo, este trascendido quedó descartado pasada las 11:00 de la noche, cuando terminó la reunión de los ministros con el Presidente y la UDI recibió señales de que la intendenta podía quedarse en su cargo.