Aparece mencionado en los testimonios de algunos de los interrogados por la PDI para el informe que devela el esquema utilizado por el PPD para ingresar a su cuenta los recursos que Chile Ambiente recibía como parte de su contrato con SQM. El ex ministro Sergio Bitar es aludido por su cercanía con Gustavo Silva, uno de los fundadores del centro de estudios Innovación y Democracia, y quien manejaba las facturas de la corporación que fueron utilizadas para respaldar las transferencias de dineros, aun cuando no habían servicios de por medio y el think tank se encontraba practicamente sin funcionamiento desde el 2006.
Aunque el ex ministro se encontraba fuera del país por las fechas en que se concretaron los traspasos, el ser también uno de los padrinos políticos y promotores de la llegada de Luis Matte a la tesorería del PPD ha obligado a Bitar a salir a aclarar que nunca tuvo conocimiento del mecanismo que se estaba utilizando para financiar al partido él mismo ha presidido en tres oportunidades.
Conocidos los alcances de la investigación de la fiscalía, Bitar ha tomado contacto con miembros del directorio de Innovación y Democracia, quienes se encuentran evaluando la posibilidad de presentar una denuncia por presunto robo de facturas.
Si bien ha rechazado la fórmula utilizada para recibir recursos de SQM, Bitar es uno de los dirigentes del PPD que alcanzó a mantener una relación con el ex gerente general de esa empresa, Patricio Contesse. Ambos desarrollaron un vínculo en el marco de las actividades de la Corporación Museo el Salitre, que Bitar integra desde su fundación -como ex senador por la zona- y que, además de apoyo estatal, recibe financiamiento de parte de SQM. Contesse formó parte por varios años del directorio de esa entidad, aunque la empresa se hace representar hoy por otro de sus directivos en las reuniones y actividades que realiza en la zona.
Consultado por el apoyo financiero que SQM entrega a la corporación, el ex ministro PPD dijo que hay que saber separar el avance de las investigaciones por el financiamiento irregular de la política del "aporte valioso que las empresas puedan dar a las labores de resguardo del patrimonio cultural de nuestro país como es en este caso".
