Hitos que han marcado el caso

Fue durante su declaración ante el fiscal Eugenio Campos que el ex director de Finanzas de Carabineros, general (R) Flavio Echeverría, reveló que hubo irregularidades en el uso de los fondos reservados de la institución.

A raíz de ese testimonio se iniciaron una serie de diligencias -encabezadas por la fiscal de Alta Complejidad Centro Norte, Macarena Cañas- tendientes a determinar el destino de esos recursos, los que habrían sido utilizados para que un grupo recibiera sobresueldos.

Algunos listados que estarían en poder del Ministerio Público señalarían que integrantes del alto mando, coroneles, comandantes, mayores e, incluso, personas que no forman parte de la institución recibieron diversos montos.

Según trascendió, en estas listas aparecerían los ex generales directores Eduardo Gordon y Gustavo González Jure, además de Javiera Blanco, miembro del Consejo de Defensa del Estado (CDE).

Con el avance de la indagatoria, la fiscal Cañas habría establecido que los funcionarios involucrados en el mal uso de los gastos reservados no solo pertenecían a escalafones de Orden y Seguridad e Intendencia, sino también a otras reparticiones. A principios de septiembre la fiscalía pidió al alto mando levantar su secreto bancario para esclarecer si hubo mal uso de gastos reservados, sin embargo, los generales se habrían negado.

"Irregularidades en el uso de recursos públicos por un total de $ 129.601.940, lo que podría revestir caracteres de delito".

Esa es la advertencia que la Contraloría General de la República le envió en un oficio reservado al Ministerio Público, tras realizar una fiscalización a la Zona de Seguridad Privada de Carabineros (Zosepcar), de la que dependen el OS-10 y el OS-11.

Según el órgano contralor, luego de revisar la información contenida en el Sistema de Información para la Gestión Financiera del Estado (Sigfe) de 2016, se estableció que la Zosepcar emitió cheques desde dos cuentas corrientes del BancoEstado.

Pero tras solicitarle a la entidad financiera que le enviara las copias de los cheques, Contraloría estableció que los documentos bancarios no fueron girados a nombre de reparticiones de Carabineros, ni tampoco cobrados por ellos, sino por Mario Figueroa. ¿Quién es él? Uno de los civiles que facilitaron su cuenta corriente y la de su pareja, María Virginia Rojas, a la que los ex oficiales involucrados en el fraude transfirieron más de $ 4 mil millones.

Pero el ente fiscalizador, además, descubrió que hubo una supuesta duplicidad en el pago de arriendo de automóviles.

Ello, porque la Zosepcar pagó por servicios al proveedor Autorentas del Pacífico, pero también a María Virginia Rojas, quien no figuraba como proveedora de la policía uniformada.

Una transacción de $ 21.700.000 entre el ex general director Eduardo Gordon y el general Jorge Serrano fue la que abrió otra de las aristas por la investigación del fraude en Carabineros.

Corría el año 2010 cuando el ex director del Departamento de Relaciones Públicas de la policía uniformada utilizó gastos de representación para comprar regalos para celebrar cumpleaños y hacer una fiesta de Navidad.

Un año más tarde, la Contraloría objetó el uso de los dineros y Serrano debió solicitar un préstamo a la institución para restituir los fondos y así evitar un proceso administrativo en su contra.

Sin embargo, según declaró ante el fiscal Eugenio Campos, el ex general director Eduardo Gordon lo citó a su oficina para decirle que encontraba injusto que asumiera la deuda, así que le entregó un cheque de su cuenta corriente para devolverle los más de $ 21 millones.

A raíz de lo anterior, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) se querelló contra ambos oficiales por el delito de malversación de caudales públicos.

Según la acción legal, los imputados utilizaron el dinero "para el pago de regalos y obsequios a una funcionaria de Carabineros de Chile, sus familiares directos y otros fines absolutamente ajenos a la institución policial".

Los pagos de la Mutualidad de Carabineros a miembros del alto mando de la institución, que además forman parte del consejo administrativo de la entidad, están en la mira de la fiscalía y de la Contraloría.

Ello, luego de que el ex general director y actual gerente de la Mutualidad de Carabineros, Gustavo González Jure, reconociera ante la comisión investigadora de la Cámara que el estatuto le permitía tanto a él como a los demás integrantes del directorio repartirse un porcentaje de los excedentes del organismo.

Sin embargo, el secretario municipal de Santiago, Jorge Flisfisch -encargado de fiscalizar los reglamentos de las corporaciones privadas sin fines de lucro de la comuna-, advirtió que "no existe ninguna norma que permita repartir los excedentes de otra forma que el fijado por los estatutos".

Esta situación provocó que el diputado Leonardo Soto (PS) enviara una serie de oficios a la Mutualidad, la Contraloría y el Ministerio de Justicia, entre otros, para aclarar la distribución de los excedentes, y si era legal que oficiales en servicio activo participaran en el directorio de un organismo privado sin fines de lucro.

Independiente de la denuncia del parlamentario, la Contraloría inició una auditoría al Departamento de Bienestar de Carabineros por las transferencias que hace con la Mutualidad.