Con la presentación de un oficio dirigido al ministro de Hacienda, Alberto Arenas, la bancada de diputados de la UDI pidió ayer que se expliquen los honorarios pagados en unidad de fomento a algunos abogados que asesoraron a la cartera en la revisión de la reforma tributaria.

La ofensiva gremialista busca aclarar, específicamente, la contratación de cuatro juristas externos, que figuran con pagos de 1.000 UF ($ 24 millones cada uno) para el período que comprende desde el 2 de junio hasta el 30 de agosto del presente año.

Si bien se trata de constitucionalistas reconocidos en el mundo jurídico y político (Javier Couso, Gastón Gómez, Patricio Zapata y Francisco Zúñiga), a juicio de la UDI los honorarios de estos abogados (aproximadamente, $ 8 millones por mes) exceden la remuneración mensual que recibe el subsecretario de Hacienda, Alejandro Micco, quien para estos efectos es el jefe de servicio y tiene un ingreso de $ 7.918.043.

Según el gremialismo, los honorarios de estos juristas vulnerarían un instructivo del propio Ministerio de Hacienda, enviado a las distintas reparticiones gubernamentales para regular la contratación de asesorías, a solo días de iniciado el gobierno de Bachelet.

"Los montos mensuales de los honorarios de las personas naturales no podrán superar la remuneración bruta mensualizada del correspondiente subsecretario, intendente o jefe superior de servicio", decía la circular de Hacienda, fechada el 17 de marzo.

"Eso no solamente es impresentable, sino que, eventualmente, sería ilegal, ya que transgrede el oficio que existe para estos efectos, por lo que creemos que aquí hay que dar una doble explicación: primero, el monto gastado en asesores y en segundo lugar, la cantidad que se les paga por sobre el instructivo que estaba fijando justamente estos límites", aseguró el jefe de diputados UDI, Felipe Ward.

El antecedente sobre las remuneraciones a los constitucionalistas surgió luego de un proceso de fiscalización de la bancada gremialista, que el mes pasado solicitó información sobre todos los asesores del Ministerio de Hacienda, que colaboraron en la elaboración y tramitación de la reforma tributaria.

Según la investigación realizada por legisladores opositores a partir de los datos de transparencia publicados por Hacienda, desde marzo a agosto de este año, dicha cartera habría gastado, en total, más de $ 240 millones en las remuneraciones de 12 juristas que trabajaron en la reforma tributaria (entre ellos figuraban Couso, Zapata, Gómez y Zúñiga).

"Está fuera de todo rango la cantidad de dinero gastada para preparar una reforma tributaria que terminó siendo íntegramente modificada", agregó Ward. 

A juicio del diputado, "desde todos los sectores, tanto políticos como sociales y académicos del país, se criticó el texto original, así es que lo que se gastó no se justificaba en términos de la calidad del contenido y obviamente que excede la normalidad, la inversión o gasto del sector público en contratación de asesores".

Así también, el jefe de bancada UDI adelantó que citarán a Arenas a la Comisión de Hacienda, para que "dé cuenta de esta anormal situación de pagos".

EJECUTIVO

En el gobierno, en tanto, le restaron importancia a la ofensiva de la UDI, ya que existen informes del trabajo realizado por estos abogados consultores, cuya experiencia es reconocida también entre parlamentarios. Estos informes, incluso, fueron entregados a la Comisión de Hacienda del Senado.

En el Ejecutivo agregan, además, que la circular de Hacienda se refería a casos de asesorías permanentes, por la que se paga una remuneración mensual. Sin embargo, ese instructivo no se aplica, dicen, a trabajos de tiempo limitado. En este caso, las asesorías de los cuatro constitucionalistas sólo duró tres meses y habría sido cancelada con un pago único.