Pasadas las 13.00 horas en el Juzgado de Garantía de Pozo Almonte, comenzó la formalización de los dos militares y siete funcionarios de aduana bolivianos detenidos en la zona de Panavinto, en la región de Tarapacá.
En la instancia, la fiscalía, liderada por el persecutor Hardy Torres, les imputó cargos por los presuntos delitos de porte ilegal de armas, robo con intimidación y contrabando.
Atendiendo a aquello y a que las penas que enfrentan serían relativamente altas, el Tribunal acogió a lo solicitado por la fiscalía, decretando prisión preventiva para todos los imputados y 120 días de plazo para la investigación.
Respecto a los hechos ocurridos la mañana del pasado domingo 19, cuando se perpetraron los presuntos delitos, el Ministerio Público señaló que todo inició cuando un grupo de militares bolivianos, donde estaban dos de los detenidos, comenzó a disparar a un camión chileno, intimidando a su conductor y al copiloto, quienes se vieron obligados a entregar las llaves del vehículo.
Tras ello, los sujetos se habrían apoderado del vehículo y conducido en dirección a Bolivia, pero debido a las condiciones de la máquina, tuvieron que pedir ayuda y dejarla ahí momentáneamente. Las víctimas, por su parte, también pedían socorro para recuperar el camión.
Más tarde, y en el momento en que los chilenos dieron con el camión "abandonado", coincidieron nuevamente con los sujetos que se lo habían arrebatado y con otro grupo de ciudadanos bolivianos.
En ese momento, según contó el persecutor, fue cuando personal de Carabineros de la Comisaría de Colchane se constituyó en el lugar, arrestando a nueve de los presuntos infractores.
Dentro del material expuesto en la audiencia, se encuentra el informe planimétrico e imágenes de la detención. Ahí, se muestran los puntos exactos donde ocurrieron los hechos, todos en territorio chileno.
Por parte de la defensa de los imputados, eso sí, señalan que se está "en presencia de un grupo de funcionarios públicos, apoyados por militares, que cumplían una labor de control de contrabando. Contrabando que según el mismo testimonio de los testigos, era controlado habitualmente (...) No estaban de paseo su señoría".
"Aquí no hay comisión de delitos. Los antecedentes no son claros para establecer que se ha cometido un delito (...) No tenemos, la fiscalía no tiene los elementos para establecer que aquí hay delito. Aconsejaría que se evaluaran los antecedentes por el delito de contrabando", expuso una de las defensas.
Por tanto, y considerando que sólo se trata de un grupo de funcionarios públicos que cumplía labores que se les había ordenado, la defensa sostuvo que este caso debió ser tratado por vía diplomática y no judicial, como ha ocurrido en el pasado.
Pedían que se rechace la prisión preventiva y se decretara cualquier otra medida cautelar, la que podría ser cumplida con apoyo del consulado de Bolivia en el país.
Pese a estos alegatos, la jueza determinó que ninguno de los documentos expuestos por la defensa, deja sin efecto lo acreditado por el Ministerio Público. Considerando que todos fueron detenidos en territorio chileno, una supuesta comisión de servicio que se les haya designado, pierde valor.
Por ello, fue clara en sostener que hay antecedentes que permiten establecer la existencia de un delito. Delitos que por la forma en la que se habrían perpetrados, fueron considerados "bastante violentos" por el Tribunal.
En suma y haciendo alusión a que son ciudadanos extranjeros, la jueza consigno que los imputados no podían cumplir con una medida cautelar que no fuera la prisión preventiva, pues cualquier otra, no sería suficiente. Con ello, acreditó que es un peligro que estén en libertad.
